En la víspera de las elecciones generales, Honduras se alista a cerrar una campaña para el olvido, con un ambiente cargado de sospecha, tensión y advertencias que no deberían ser normales en una democracia.
La violencia política, la intolerancia entre militancias y las acusaciones cruzadas han convertido el proceso electoral en un campo minado donde cada palabra adquiere peso y cada silencio se interpreta como señal de alarma.
La candidata oficialista, Rixi Moncada, ha declarado que no reconocerá los resultados preliminares del TREP y que solo confiará en las actas que lleguen a su partido. Es un mensaje que no solo debilita la institucionalidad, sino que también prepara el terreno para la duda, el cuestionamiento permanente y la eventual deslegitimación de los resultados si estos no le favorecen.
Por otro lado, el Partido Nacional y el Partido Liberal han llevado a foros nacionales e internacionales denuncias de presuntas intenciones de fraude desde el oficialismo, incluyendo el uso político de estructuras estatales, presiones judiciales y ventajas indebidas del aparato gubernamental. Son advertencias graves que merecen ser atendidas, pero que también corren el riesgo de sembrar miedo y desmovilizar al ciudadano común.
En este escenario, el peligro más grande no es solo el fraude, el peligro es que la población, cansada y desconfiada, decida no votar, ese es el terreno ideal para cualquier intento de manipulación. La historia electoral demuestra algo sencillo y contundente: cuando la participación es masiva, el margen para el fraude se estrecha, la vigilancia ciudadana aumenta y el costo político de alterar resultados se vuelve imposible de pagar.
La mayor arma democrática no está en los discursos, sino en la decisión colectiva de acudir a las urnas y llenar de votos las mesas receptoras. Un proceso electoral vigilado por millones de ciudadanos es más fuerte que cualquier intención de manipularlo.
