Un delito conmociona e ipso facto se exige endurecimiento de las penas correspondientes. Aunque tenemos comprobado que mayores castigos no reducen la criminalidad. Duro pero real. Proporcional o no, la condena requiere complementos para ser efectiva. En contrario, las desproporciones contrarían los principios de justicia que rigen el Estado de derecho. O más simple, una injusticia no se justifica jamás. Más grave aún es que las penas severas pueden convertirse en fuente de injusticias cuando no se acompañan de fortalecimiento de la investigación, persecución penal y administración de justicia. No se ha sabido que condenas más severas disuadan el delito. El delincuente no calcula de cuánto será la pena aplicable. ¿Qué efecto disuasivo puede tener una pena de 30 o 40 años, o de por vida, cuando la probabilidad de ser descubierto, capturado, procesado y condenado es tan baja? La impunidad, esa sí es elevada. La ciudadanía tiene el derecho y la obligación de exigir la represión del delito. Ninguna conducta criminal debe quedar impune. Pero la política criminal no se realiza en la represión. La verdadera respuesta exige afrontar las causas que originan la delincuencia: la exclusión social, la falta de oportunidades, la desintegración familiar, el consumo de drogas, la debilidad institucional y las deficiencias educativas. La injusticia social en sí misma. Penas proporcionales, investigación científica, jueces independientes, fiscales capacitados y políticas efectivas de prevención constituyen un conjunto inseparable de la lucha en contra de la criminalidad, mucho más allá del endurecimiento de penas. Pretender resolver la inseguridad únicamente mediante el aumento de castigos equivale a tratar una enfermedad atendiendo solo sus síntomas.
La lucha contra el crimen requiere determinación, pero también inteligencia. Una Honduras más segura no será aquella que imponga las penas más altas, sino la nación de institucionalidad solida que logre prevenir los delitos, garantizar justicia para las víctimas y aplicar la ley con eficacia, equilibrio y respeto a los derechos fundamentales. Esa es la diferencia entre una política criminal seria y el espejismo del endurecimiento de penas.
