En Honduras, las estadísticas se miden en cicatrices. No son simples números en informes institucionales, son la evidencia acumulada de brechas históricas, de desigualdades estructurales que han sido normalizadas durante décadas. La Secretaría de Trabajo reconoce que las mujeres ganan, en promedio, un 13% menos que los hombres por hacer lo mismo.
Es el “impuesto por ser mujer”, una penalización sistemática que no responde a productividad ni a capacidades, sino a patrones profundamente arraigados de discriminación económica.
Mientras tanto, el INE señala que la tasa de participación laboral femenina apenas roza el 40%, una caída escandalosa que evidencia que el mercado no es un lugar de encuentro, sino una puerta cerrada, al menos para las mujeres.
Esta cifra no es casual: responde a un sistema que no reconoce ni redistribuye el trabajo de cuidados, que limita el acceso a oportunidades y que sigue asignando a las mujeres un rol secundario en la economía formal.
Pero el dato más cruel no aparece en las planillas: siete de cada diez mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad, sin red, sin seguro..., sin mañana. Esta realidad no solo implica precariedad inmediata, sino una exclusión sostenida de los sistemas de protección social, de la posibilidad de ahorro, de acceso a crédito y a una vejez digna.
La informalidad femenina es, en términos estructurales, una forma de pobreza institucionalizada. Y en las oficinas del sector formal, el acoso sexual es el “elefante en la sala”, una barrera de prejuicios donde se juzga más el largo de la falda que la profundidad del talento.
Este fenómeno no es anecdótico ni aislado, es una manifestación de relaciones de poder y desigualdad que se sostienen en la impunidad y en culturas organizacionales que aún no han incorporado plenamente principios de igualdad, ni respeto y rendición de cuentas. (Continuará)
