El caso de Koriun Inversiones ha puesto en evidencia no solo la fragilidad del sistema financiero informal en Honduras, sino también una tensión jurídica de fondo: ¿es legal que el Estado devuelva fondos a los afectados por una empresa que operaba al margen de la ley? Las operaciones de Koriun no contaban con registro ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ni estaban inscritas como Actividad o Profesión No Financiera Designada (APNFD).
La empresa ha sido señalada por el Ministerio Público como una estructura piramidal y fue intervenida por la ATIC, que incautó bienes, cuentas y documentos clave. El fiscal general Johel Zelaya confirmó la ilegalidad de las operaciones de Koriun y anunció un plan de devolución de fondos a los afectados, priorizando a quienes realizaron depósitos menores. Para el gobierno, esta medida busca contener una posible crisis social y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
Edmundo Orellana, exfiscal general, cuestionó la legalidad de devolver dinero sin una resolución judicial firme y advirtió que tal acción podría implicar una interferencia indebida del Ministerio Público en funciones que le competen al Poder Judicial. Además, denunció que los principales responsables de la empresa siguen sin ser formalmente acusados ni procesados. El dilema pone en el centro del debate la relación entre legalidad, justicia y función pública. Mientras el gobierno actúa bajo un enfoque de justicia restaurativa y contención social, expertos en derecho temen que se esté creando un precedente riesgoso: que el Estado asuma el rol de árbitro financiero sin las garantías procesales necesarias.
En un país donde la confianza institucional es frágil, el caso Koriun no solo revela los peligros de las finanzas informales, sino también las tensiones que surgen cuando la legalidad y la urgencia social colisionan. El desenlace legal de este caso marcará un precedente sobre hasta dónde puede -y debe- llegar el Estado para proteger a sus ciudadanos sin violentar el marco jurídico.
