En tiempos electorales, las promesas abundan, los discursos se multiplican y la propaganda política invade todos los espacios posibles.
Sin embargo, detrás de ese ruido mediático hay una verdad incómoda: la ciudadanía muchas veces acude a las urnas sin contar con información clara, suficiente y confiable sobre el proceso electoral, los candidatos y, sobre todo, el manejo de los recursos públicos.
El derecho a la información pública no es un lujo ni una cortesía que los gobernantes puedan dar o quitar a su antojo. Es un derecho humano fundamental, reconocido en nuestra Constitución y en tratados internacionales, que le pertenece a cada ciudadano por el simple hecho de serlo.
Sin información veraz, completa y accesible, el voto pierde fuerza porque se convierte en una decisión tomada a ciegas. La transparencia electoral no se limita a mostrar resultados la noche de las elecciones.
Inicia mucho antes, en el momento en que se da acceso a documentos, presupuestos, licitaciones, contrataciones y toda la cadena de decisiones que involucran dinero público. ¿Cómo confiar en instituciones que esconden datos sobre el financiamiento de campañas, la contratación de tecnología electoral o la depuración del censo? La opacidad no solo alimenta la desconfianza, sino que erosiona la legitimidad del sistema democrático.
En un país donde la corrupción ha marcado la historia política, exigir información pública oportuna es exigir democracia de verdad.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos, quién financia a los partidos políticos, qué empresas se benefician de contratos electorales y cómo se garantiza la seguridad y transparencia del conteo de votos.
No se trata únicamente de un tema legal, sino de una cuestión ética y social. Cuando se niega información, se debilita la confianza ciudadana y se abre espacio para la manipulación, los rumores y las noticias falsas.
Al contrario, cuando la información fluye, cuando los datos son abiertos y accesibles, la gente participa más, se empodera y ejerce un voto consciente.
El derecho a la información pública en procesos electorales es, en esencia, el derecho a decidir libremente con conocimiento de causa. Negarlo es traicionar la democracia. Garantizarlo, en cambio, es construir un futuro donde los ciudadanos ya no dependan de promesas vacías, sino de hechos comprobables.
La transparencia no debería ser vista como una concesión, sino como una obligación inquebrantable de quienes administran el poder. Porque solo con información clara y accesible podemos garantizar que cada voto represente una elección real, libre y soberana.
