En Honduras solemos usar palabras como si fueran sinónimos, como si el lenguaje fuera un simple adorno del discurso político. Pero no lo es. En derecho, las palabras pesan. Definen competencias, delimitan funciones y, sobre todo, reflejan el modelo de Estado que hemos decidido adoptar. En nuestra Constitución de la República, el término correcto es diputados. Así lo establece claramente el artículo 189, cuando señala que el Poder Legislativo se ejerce por un Congreso Nacional compuesto por diputados electos por el pueblo. La norma no habla de “parlamentarios”, habla de diputados. La diferencia no es meramente semántica. Honduras no tiene un sistema parlamentario como el de España o el Reino Unido, donde el Parlamento es el eje del gobierno y de donde surge el Poder Ejecutivo. Honduras tiene un sistema presidencialista, donde los poderes están claramente diferenciados: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aquí, el Congreso Nacional no forma gobierno; legisla y ejerce control político.
Por eso, jurídicamente hablando, el término adecuado es diputado o diputada. Es la categoría constitucional. Es la denominación que nace del voto popular y que está regulada en el texto supremo. Ahora bien, ¿significa esto que la palabra “parlamentario” está prohibida? No. La expresión “parlamentarios” puede encontrarse en contextos distintos, especialmente en el ámbito del derecho internacional o en organismos como el Parlamento Centroamericano (Parlacen). En ese caso, sí se habla correctamente de parlamentarios, porque forman parte de un órgano regional con naturaleza parlamentaria. También en el lenguaje político o periodístico se utiliza el término “parlamentario” como una forma amplia de referirse a quienes integran un órgano legislativo. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional hondureño, el cargo específico es el de diputado. Y esto no es un detalle menor. Cuando llamamos parlamentarios a quienes no lo son según nuestra Constitución, corremos el riesgo de confundir el modelo institucional que tenemos.
