Por Simon Romero / The New York Times
SANTA MARTA, Colombia — En septiembre, Alejandro Carranza, un pescador colombiano que, dijo su familia, llevaba años pescando marlín y atún en el Mar Caribe, llamó a su hija adolescente. Le dijo que iba a pescar y que regresaría en unos días.
Nunca volvió.
Al día siguiente de su partida, el 15 de septiembre, su familia, otros pescadores y Gustavo Petro, el Presidente de Colombia, dicen que Carranza murió en un ataque militar estadounidense contra su barco. La indignación por lo sucedido ha desatado una disputa sobre el enorme despliegue militar estadounidense en el Caribe y la legalidad de los ataques mortales contra más de 20 embarcaciones desde septiembre.
“Nunca pensé que perdería a mi padre de esta manera”, dijo Cheila Carranza, de 14 años, conteniendo las lágrimas.
Mientras aumenta el número de muertos por los ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas cercanas a Latinoamérica, se intensifican las tensiones con Colombia, que durante mucho tiempo fue un aliado clave de Estados Unidos en la región. Hasta el momento, los ataques han cobrado las vidas de más de 80 personas.
Los ataques han enfurecido a Petro, quien ha acusado a Estados Unidos del asesinato de Carranza. El Presidente Donald J. Trump respondió imponiendo sanciones a Petro y su familia y reduciendo drásticamente la ayuda al País. Colombia ha suspendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que el Gobierno de Trump cese sus ataques.
La Administración Trump afirma que los ataques se produjeron contra embarcaciones que transportaban drogas ilícitas que causan la muerte de miles de estadounidenses. Sin embargo, muchos expertos legales afirman que los ataques violan el derecho internacional porque las víctimas no eran una amenaza inmediata.
La Administración Trump ha calificado a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, como el líder de un cartel de la droga y ha declarado en privado que el objetivo del despliegue estadounidense, el mayor en décadas en Latinoamérica, es deponer al líder autoritario. Pero la Administración no ha presentado pruebas, más allá de descripciones de evaluaciones de inteligencia y fragmentos desclasificados de imágenes de video, de que alguna de las embarcaciones destruidas transportara drogas.
En el caso de Carranza, no es posible determinar si era simplemente un pescador o si estaba involucrado en el narcotráfico. En una rueda de prensa, Petro dijo que Carranza provenía de una familia tradicional de pescadores, pero que “pudo haber estado involucrado muy esporádicamente” con las drogas. Añadió que muchos pescadores de las comunidades costeras e insulares se ven involucrados en el transporte de drogas porque la pobreza les deja pocas alternativas.
Carranza, de 42 años, ocasionalmente trabajaba como piloto de barcos para otros, dijeron su familia y otros pescadores, lo que plantea la posibilidad de que la nave en la que se encontraba transportara algo ilícito, con o sin su conocimiento.
La familia de Carranza ha contratado a un abogado estadounidense, quien afirmó estar preparando una demanda.
Katerine Hernández, de 37 años, madre de tres de los hijos de Carranza, refutó la afirmación de Trump de que el ataque que acabó con la vida de su ex pareja, junto con otras dos personas que iban en el mismo barco, tenía como objetivo a “narcoterroristas venezolanos confirmados”.
“Si era un narcoterrorista, ¿por qué vivimos en la miseria en lugar de en una mansión?”, dijo.
Dan Kovalik, el abogado contratado por la familia de Carranza, dijo que incluso si se sospechaba que Carranza pilotaba una embarcación que transportaba drogas ilícitas, su muerte habría sido ilegal. “Esto es un asesinato”, dijo Kovalik.
Leonardo Vega, de 40 años, amigo de muchos años de Carranza y líder de una asociación de pescadores en Santa Marta, afirmó que los ataques estadounidenses han sembrado el terror entre los pescadores de Santa Marta.
Ahora es la lucrativa temporada del atún, añadió, pero el temor de los pescadores a lo que les pueda deparar prácticamente ha paralizado la pesca.
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