Por ZIA UR-REHMAN / The New York Times
KARACHI, Pakistán — Todas las noches en Karachi, una ciudad bulliciosa, Fatima Bibi se va a dormir con temor. Se pregunta si un llamado a su puerta podría separar a su familia.
Su esposo, Sher Zada, es refugiado. La familia de él huyó del conflicto en Afganistán cuando era niño, en 1992, y Pakistán es el único hogar que conoce. Durante mucho tiempo, la familia de Bibi había tenido la esperanza de que los lazos de Zada con el País y su matrimonio con una paquistaní le ayudarían a asegurar la residencia permanente. Pero para el Gobierno, él ya debería haberse marchado.
El 31 de marzo, expiró un plazo para muchos afganos en Pakistán de hallar otro país para refugiarse. Menos de tres semanas después, Talal Chaudhry, el Ministro de Estado para el Interior paquistaní, dijo que más de 80 mil afganos habían sido expulsados. Las deportaciones podrían someter a los refugiados a peligro bajo el régimen talibán en Afganistán. Y si están casados con paquistaníes, podría significar dejar atrás a sus familias.
La ofensiva de Pakistán llega tras años de endurecimiento de restricciones sobre la residencia afgana. Reportes de la ONU indican que más de 910 mil afganos han sido deportados del País desde septiembre del 2023. Las deportaciones han estado motivadas en gran parte por la frustración de las autoridades con el Gobierno talibán, al que acusan de albergar a milicianos paquistaníes responsables de ataques dentro de Pakistán. El talibán niega esas acusaciones.
Pakistán también se ha visto envalentonado por una oleada de sentimiento antiinmigrante por todo el mundo.
Entre los afganos que enfrentan deportaciones están los que arribaron después de que el talibán llegó al poder en el 2021 y ahora esperan ser reasentados en países de Occidente. Pakistán amplió el plazo para su reubicación al 2 de mayo, después del cual vuelven a enfrentar la deportación.
En octubre del 2023, durante un esfuerzo anterior por expulsar a afganos indocumentados, Zada fue detenido. Libró la deportación solo después de que el padre de Bibi pagó un soborno. La campaña de este año obligó a Zada y a su familia a dejar su hogar. Chaudhry advirtió de repercusiones estrictas para cualquiera que ayude a afganos a permanecer ilegalmente en el País.
Grupos de derechos humanos señalan que la difícil situación de los afganos casados con ciudadanos paquistaníes es uno de los aspectos más pasados por alto de la campaña. Aunque no hay datos oficiales disponibles, grupos como Joint Action Committee for Refugees, una red de la sociedad civil paquistaní, calculan que se han realizado miles de matrimonios de ese tipo. Dichas bodas a menudo se celebran a través de costumbres tribales y con frecuencia carecen de documentación formal, lo que dificulta que el cónyuge afgano obtenga la residencia legal.
De acuerdo con la Autoridad Nacional de Base de Datos y Registro de Pakistán, los cónyuges extranjeros de ciudadanos paquistaníes son elegibles a la tarjeta de origen de Pakistán, que otorga entrada sin visa y el derecho a quedarse indefinidamente. Pero a muchos afganos se les niega.
Umer Ijaz Gilani, un experto en derechos de los refugiados radicado en Islamabad, la Capital de Pakistán, dijo que las autoridades han fomentado deliberadamente la percepción de que los refugiados tenían pocas opciones para obtener la residencia legal o la ciudadanía.
“El problema principal yace en la implementación errática e inadecuada de salvaguardas existentes por parte del Gobierno, no en las leyes en sí”, dijo Gilani.
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