Por Zia Ur-Rehman/ The New York Times
RAWALPINDI, Pakistán — Para muchos pakistaníes es un crimen atroz, tanto que no siempre se requieren pruebas para obtener una condena. Las manifestaciones violentas surgen sólo ante el rumor de que ha sucedido. Justicieros han cazado a los acusados y son elogiados como héroes por ello.
El delito es blasfemar contra el islam y, en Pakistán, puede conllevar la pena de muerte, aunque el País no ha ejecutado a nadie por ello.
Pero identificar qué constituye blasfemia puede ser casi imposible en una sociedad que reprime el debate sobre el tema. Las acusaciones de blasfemia en ocasiones han incitado turbas asesinas. Políticos y abogados que impugnaron las leyes de blasfemia han sido asesinados.
En el 2023, Pakistán endureció los castigos por las violaciones a sus leyes de blasfemia, cuyas primeras versiones se introdujeron bajo el Gobierno británico. Desde entonces, los arrestos se han disparado —pasando de unas cuantas docenas al año a cientos— particularmente por cargos de blasfemar contra el islam en internet.
Muchos de los acusados afirman haber sido engañados por personas maliciosas en línea que intentaron extorsionarlos o inflar el número de arrestos por blasfemia. Los expertos en derechos humanos afirman que señalar a una creciente ola de blasfemia —inventada o no— es una forma segura para que los grupos islamistas reúnan apoyo público y financiamiento con el pretexto de defender la santidad religiosa.
Entrevistas con familias, expertos legales, defensores de derechos humanos y funcionarios, así como revisiones de reportes gubernamentales, sugieren un patrón de abuso. Afirman que las estrictas leyes de blasfemia se están utilizando indebidamente para atacar a personas.
Un reporte de octubre elaborado por un organismo gubernamental de derechos humanos, que documentó el marcado aumento de arrestos por blasfemia en línea, identificó 11 en el 2020, 9 en el 2021 y 64 en el 2022. Luego vino la revisión a las penas por blasfemia, impulsadas en parte por la indignación nacional ante la percepción de este delito. Los arrestos aumentaron drásticamente, a 213 en el 2023 y a la impactante cifra de 767 durante los primeros siete meses del 2024.
Quienes son arrestados por blasfemia a menudo pasan meses en prisión antes de que sus casos lleguen a juicio. En los tribunales, la mayoría de los casos de blasfemia no son llevados adelante por el Estado, sino por grupos privados, generalmente dirigidos por abogados y respaldados por redes de voluntarios que monitorean las redes sociales en busca de posibles infractores.
Sus agresivos esfuerzos por identificar y condenar casos reflejan una creciente “politización de las leyes de blasfemia”, afirmó Peter Jacob, director ejecutivo del Centro para la Justicia Social de Pakistán, una organización de derechos humanos.
“Se han propuesto castigar cualquier posible acto de insulto a aquello que veneran”, añadió.
Grupos como la Comisión Legal sobre Blasfemia de Pakistán, que ha investigado docenas de casos de blasfemia en línea, niegan que las acusaciones en ocasiones sean infladas. Dicen que ha habido un aumento sin precedentes de auténticos casos de blasfemia en línea.
“Nunca antes habíamos visto una deshonra tan vil del islam, el Sagrado Corán, el profeta Mahoma y otras figuras veneradas”, declaró recientemente Rao Abdur Raheem, abogado que representa al grupo, en un discurso.
En marzo, un tribunal local en Rawalpindi, ciudad de la provincia de Punjab, condenó a muerte a cinco hombres acusados de blasfemia en línea. Aunque sus sentencias no se han llevado a cabo, hasta las acusaciones del delito han resultado a veces en violencia mortal.
Las acusaciones de blasfemia también pueden constituir una poderosa herramienta en esquemas de extorsión. Un reporte policial del año pasado, titulado “Grupo Empresarial de Blasfemia”, expuso una red criminal que obtenía sobornos amenazando a personas con acusaciones falsas de blasfemia, a menudo con la complicidad de funcionarios de la Agencia Federal de Investigación.
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