Por Julie Turkewitz, Tibisay Romero, Sheyla Urdaneta e Isayen Herrera/ The New York Times Company
Dijeron haber sido castigados en una habitación oscura llamada la isla, donde los pisoteaban, pateaban y obligaban a arrodillarse durante horas.
Un hombre contó que los oficiales le sumergieron la cabeza en un tanque de agua para simular ahogamiento. Otro dijo que lo obligaron a practicar sexo oral a guardias encapuchados.
Dijeron que los funcionarios les dijeron que morirían en la prisión salvadoreña, que el mundo los había olvidado.
Cuando ya no pudieron soportar más, se autolesionaron, escribiendo mensajes de protesta con sangre en sábanas.
“Todos ustedes son terroristas”, recordó Edwin Meléndez, de 30 años, que le dijeron los oficiales.
Desde que asumió el cargo, el Presidente Donald J. Trump se ha aferrado a lo que él llama la amenaza que representa Venezuela y su autocrático Presidente, Nicolás Maduro, acusando al Gobierno y a las bandas venezolanas de orquestar una “invasión” de Estados Unidos.
En marzo y abril, la Administración Trump tomó la extraordinaria decisión de enviar a 252 hombres venezolanos a una tristemente célebre prisión en El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento Antiterrorista, alegando que habían infiltrado Estados Unidos en una forma de “guerra irregular”.
Trump acusó a los hombres de pertenecer a la peligrosa banda Tren de Aragua, que opera de la mano con el Gobierno venezolano.
Los hombres no recibieron prácticamente ningún debido proceso antes de ser expulsados a la prisión antiterrorista en El Salvador, y fueron liberados abruptamente en julio, como parte de un acuerdo diplomático más amplio que incluía la liberación de 10 estadounidenses y residentes de EU detenidos en Venezuela.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, Trump elogió a los funcionarios salvadoreños por “el exitoso y profesional trabajo que han realizado al recibir y encarcelar a tantos delincuentes que ingresaron a nuestro País”.
Sin embargo, en entrevistas, los hombres enviados a prisión describieron frecuentes e intensos abusos físicos y psicológicos. Además de las palizas, el gas lacrimógeno y los traslados a la celda de aislamiento, afirmaron haber sido objeto de burlas o ignorados por el personal médico, obligados a pasar 24 horas al día bajo luces intensas y forzados a beber agua fétida de pozos.
The New York Times entrevistó a 40 de los ex prisioneros, muchos de ellos en sus hogares en ciudades y pueblos de toda Venezuela. Posteriormente, solicitamos a expertos forenses independientes que colaboran en la investigación de denuncias de tortura que evaluaran la credibilidad de sus testimonios.
Varios médicos de ese equipo, conocido como Grupo Independiente de Expertos Forenses, declararon que los testimonios de los hombres, junto con las fotografías de lo que describieron como sus lesiones, eran coherentes y creíbles, proporcionando “evidencia contundente” en respaldo de las acusaciones de tortura. Los ex prisioneros, entrevistados individualmente, describieron la misma cronología y los mismos métodos de abuso.
Cuando se describen “métodos de abuso idénticos”, escribieron los expertos, esto “suele indicar la existencia de una política y práctica institucional de tortura”.
Tras conocer los resultados, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo: “El Presidente Trump está comprometido a cumplir sus promesas al pueblo estadounidense deportando a peligrosos inmigrantes ilegales criminales y terroristas que representan una amenaza”.
La Administración Trump nunca publicó la lista completa de los 252 venezolanos encarcelados en El Salvador ni los delitos que presuntamente habían cometido.
Utilizando una lista filtrada de los nombres, The Times descubrió que una proporción relativamente pequeña de los hombres —alrededor del 13 por ciento— parecía tener una acusación o condena penal grave en algún lugar del mundo.
De los 40 hombres entrevistados para este artículo, The Times encontró acusaciones penales, más allá de infracciones de inmigración y de tránsito, contra tres de ellos.
Víctor Ortega, de 25 años, quien afirmó haber recibido un disparo en la cabeza con una bala de goma mientras estaba en la prisión salvadoreña, tiene “cargos pendientes por descarga de arma de fuego y robo”, de acuerdo con la Administración Trump.
Muchos de los hombres dicen que aún desconocen por qué fueron encarcelados en una prisión para terroristas.
Bienvenidos al infierno
Un enjambre de helicópteros rodeaba el aeropuerto. Era poco después de la medianoche del 16 de marzo del 2025. Mientras aterrizaba el avión, los venezolanos dijeron haber visto una formación de policías antidisturbios esperándolos.
Un letrero indicaba que su lugar de aterrizaje era El Salvador.
En los centros de detención de Estados Unidos, los funcionarios les habían dicho que serían deportados a Venezuela, recordaron los detenidos.
Funcionarios salvadoreños, con chalecos antibalas y porras, abordaron el avión, relataron varios hombres, y comenzaron a desalojar al grupo por la fuerza.
“Empezaron a pegarnos a todos”, dijo Andry Hernández, de 32 años, maquillador que llevaba detenido en Estados Unidos desde que cruzó la frontera en el 2024. “Si levantabas la cabeza, aunque fuera un poco, te la bajaban de un golpe. Muchos de nuestros compañeros tenían narices fracturadas, labios reventados y moretones en todo el cuerpo”.
Una vez dentro de la prisión, contaron los hombres, les dijeron que eran miembros del Tren de Aragua. “’Bienvenidos al infierno’”, recordó Anyelo Sarabia, de 20 años, que le dijeron. “’De aquí saldrán en una bolsa para cadáveres’”.
En aquel momento no estaba del todo claro, pero era un primer paso en un argumento más amplio que la Administración Trump ha estado presentando: que Maduro representa una grave amenaza para la seguridad de EU al inundarlo de migrantes, delincuencia y drogas.
Algunos de los hombres enviados a El Salvador habían solicitado asilo político en Estados Unidos, alegando que serían perseguidos por participar en protestas contra el Presidente Maduro, de acuerdo con las solicitudes revisadas por The Times.
Vida tras las rejas
Los funcionarios dividieron a los deportados en celdas, generalmente de 10 personas cada una, dijeron. Las comidas, tres veces al día, consistían principalmente en arroz, frijoles, espagueti y tortillas.
Afirmaron que ocasionalmente recibían un trato especial, como mejor comida y breves momentos al aire libre, pero sólo cuando recibían visitas oficiales, entre ellas la de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU.
Creció la desesperación, dijeron. Tito Martínez, de 26 años, comenzó a sentirse enfermo y débil, hasta que no pudo levantarse de la cama y otros hombres tuvieron que alimentarlo, recordaron varios. Finalmente, Martínez fue llevado a una enfermería, donde, según contó, fue golpeado.
Allí, relató, una mujer que se identificó como médico le dijo: “’Resígnate. Es hora de que mueras’”.
Los castigos a menudo parecían arbitrarios y desproporcionados, relataron los hombres. Sólo se les permitía bañarse a las 4:00 horas. Los hombres que se refrescaban con agua en otros momentos eran enviados a la isla, explicaron los ex prisioneros, quienes describieron una oscura celda de aislamiento con apenas un agujero de luz en el techo, donde eran golpeados.
Las tensiones aumentaron en abril. Después de que algunos hombres le pidieran a uno de los guardias que dejara de golpear los barrotes de las celdas por la noche, los guardias los arrastraron a una zona central y les lanzaron gas lacrimógeno a la cara, relataron dos hombres que se encontraban en una celda cercana.
Al día siguiente, los prisioneros decidieron dejar de comer, exigiendo un mejor trato.
Luego se hicieron cortes en el cuerpo con los bordes ásperos de escaleras metálicas y tubos de plástico, contaron varios hombres, usando su sangre para escribir mensajes en sábanas que colgaban de las tuberías.
“No somos criminales, somos migrantes”, decía uno de los mensajes.
La huelga de hambre duró cuatro días, afirmaron los hombres. Más tarde, Hernández, el maquillista, dijo que los oficiales lo enviaron a la celda de aislamiento. Allí, unos guardias encapuchados lo obligaron a practicarles sexo oral, según declaró.
En mayo, un registro de una de las celdas se tornó violento, recordaron muchos de los prisioneros. Algunos, enfurecidos y desesperados, comenzaron a arrancar piezas metálicas de sus camas y a usarlas para forzar las cerraduras de las puertas.
Por un instante, las rejas se abrieron de golpe.
Los oficiales respondieron con armas de fuego y lo que los prisioneros describieron como balas de goma.
“Cuando le dieron al primero, corrimos de vuelta a la celda”, recordó Edwuar Hernández, de 23 años. “Empezaron a dispararnos a quemarropa”.
Ortega dijo que un proyectil lo impactó en la frente, provocándole una hemorragia profusa. José Carmona, de 28 años, recibió un impacto en el muslo, dijo.
Los oficiales obligaron a muchos de los hombres a la isla, entre ellos Luis Chacón, de 26 años. Allí, relató, “nos metieron la cabeza en un tanque como para ahogarnos, y luego nos la sacaron y nos golpearon en las costillas, en las piernas, con lo que tuvieran a mano”.
Un acuerdo secreto
Lejos de la prisión, diplomáticos de Estados Unidos y Venezuela ultimaban los detalles de un acuerdo.
En julio, Maduro acordó liberar a 10 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, junto con 80 presos políticos venezolanos, a cambio de los 252 hombres encarcelados en El Salvador.
Los hombres recordaron que los guardias llegaron con champú, desodorante y pasta de dientes, y que los afeitaron y les cortaron el pelo. Luego apareció el director de la prisión. “Tienen 20 minutos para bañarse”, les dijo, relató Jerce Reyes, de 36 años.
“Todos empezamos a gritar y llorar porque sabíamos que nos íbamos”, dijo.
Maduro tenía ahora la oportunidad de presentarse como un defensor de los migrantes rechazados por Trump.
Al aterrizar en Caracas, los hombres fueron recibidos por Diosdado Cabello, el Ministro del Interior, quien se había convertido en la cara visible del aparato de vigilancia y represión del País. Estuvieron detenidos durante varios días, los obligaron a contar sus historias en la televisión estatal y luego los enviaron a casa.
En las entrevistas con The Times, los presos liberados relataron problemas de salud física y mental persistentes, que atribuyeron a las palizas y otros abusos. Algunos han consultado a médicos, pero muchos dijeron no poder costearlos.
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