Por Adam Popescu / The New York Times
En las Islas Galápagos, un frágil archipiélago en las aguas frente a la costa de Ecuador, todos conocen a Alicia Ayala.
“Me llaman la reina de Airbnb”, dijo después de saludar a comensales con besos en 1835, un restaurante que lleva el nombre del año en que Charles Darwin visitó estas islas e ideó la teoría de la evolución.
Desde la pandemia, cientos de galapagueños siguen su ejemplo y alquilan sus habitaciones por tan poco como 8 dólares la noche.
Ayala, de 58 años, explica su modelo de negocio: las Galápagos ya no son sólo para las élites. Rentar sus tres departamentos en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, por 120 dólares la noche ofrece a los viajeros “una forma costeable” de visitar un lugar que durante mucho tiempo ha sido exclusivo de los ricos, afirma.
La promesa de Airbnb siempre ha sido esa. Pero su éxito en ocasiones ha dado lugar a hordas indeseadas de turistas. Las tensiones entre Airbnb y las comunidades se han vuelto comunes en los últimos años, desde Barcelona hasta Beverly Hills, California, con críticas por los aumentos en las rentas para los lugareños y los daños ambientales causados por las multitudes.
Pero los defensores de las Galápagos, una provincia de Ecuador, afirman que el turismo excesivo es particularmente perjudicial allí. Después de todo, ¿en qué otro lugar incluye una comunidad a leones marinos durmiendo en paradas de autobús y aves tan mansas que se pueden tocar?
En Puerto Ayora, el único remanso de civilización en las Galápagos casi deshabitadas, los cafés ahora sirven matcha y las cafeterías frente al mar ofrecen atún (en peligro de extinción) recién pescado. En una playa de arena blanca llena de turistas, cerca de la famosa Estación Científica Charles Darwin, un ecuatoriano veinteañero molestaba a cangrejos con un palo y aterrorizaba a las gaviotas mientras su novia se tomaba selfis una mañana reciente.
Los detractores afirman que la explosión de rentas a corto plazo altera el ecosistema mismo que esos visitantes han venido a ver. (Vrbo, Booking.com y Expedia también tienen presencia). Muchos culpan a estas nuevas rentas a corto plazo de atraer a viajeros que desconocen que el 97 por ciento de este archipiélago es un parque nacional protegido y no respetan la fauna en este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El aumento en la actividad de renta también tiene otros efectos: los viajeros con presupuesto ajustado gastan menos que los turistas tradicionales, lo cual es un reto para los negocios en un lugar donde la industria turística emplea al 80 por ciento de los 30 mil habitantes de las Galápagos. (No todo lo ofrecido en los sitios de renta es de ganga: por unos mil dólares la noche, un viajero puede obtener una opulenta villa situada en un volcán, con todo y chefs privados y tortugas gigantes salvajes).
“Es una economía frágil”, dijo Mateo Estrella, Ministro de Turismo de Ecuador. “Tenemos una población que necesita infraestructura e ingresos. Debemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación”.
La naturaleza vale una fortuna aquí —275 millones de dólares en turismo, 110 millones de dólares en pesca, 36 millones de dólares en carbono almacenado por plantas que capturan gases, al año, dice el Banco Central de Ecuador— pero depende de que este lugar se mantenga prístino. Esta es la paradoja de las Galápagos.
Para cuando se estableció el parque nacional en 1959, la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya habían decidido que el impacto humano era insostenible y que las islas estaban amenazadas.
El límite anual recomendado de turistas se fijó en 12 mil en 1975, pero eso no era precisamente científico, afirma Tui De Roy, autora y naturalista. El entonces esposo de De Roy elaboró el plan maestro del parque para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
“En aquel entonces, 6 mil turistas visitaban cada año”, explicó De Roy. Así que las autoridades duplicaron esa cifra. Los vuelos comerciales trajeron más gente para la década de 1980 y el turismo —y la población local— despegaron.
El auge de Instagram en la década de 2010 aumentó aún más la popularidad de las Galápagos.
Los investigadores y activistas ambientales no estaban contentos. El crecimiento fue tan desenfrenado que, en el 2015, el Gobierno emitió una moratoria que frenaba el desarrollo. Ni siquiera eso logró frenar la afluencia de visitantes. En lugar de que guías del parque ofrecieran recorridos oficiales, un taxista o un pescador podían ofrecer una excursión a un volcán o a un arrecife.
Hoy no hay límite a la cantidad de visitantes permitidos, y las islas se perfilan a recibir 300 mil este año, según El Observatorio de Turismo de Galápagos.
Airbnb ya estaba presente en la isla antes de la pandemia, pero la Asociación de Hoteles de Galápagos dice que sólo había 56 ofertas en el 2015 —y 350 en el 2020.
Para el 2023, el mundo había reanudado operaciones y los viajes experimentaron un auge. En las Galápagos, casi se igualaron los niveles prepandemia, y ahora, las reservas de Airbnb son un 50 por ciento superiores a las de hoteles, reporta la Asociación de Hoteles.
Hoy nadie sabe cuántas rentas hay, ni siquiera el Gobierno. El grupo hotelero de las islas ha documentado mil 364 Airbnbs este año, en comparación con unos 300 hoteles, hostales y casas de huéspedes legales.
Bente Schneider siempre imaginó estas islas como un paraíso idílico. Se mudó aquí hace cinco años y empezó a operar el Acacia, un hotel con tarifas de unos 200 dólares por noche. Pero últimamente, las reservas han bajado por lo que ella llama “competencia desleal”.
El Acacia, de siete habitaciones, paga 5 mil dólares al año en permisos. Esto incluye regulaciones estrictas para todo, incluso la recolección de basura y las salidas de emergencia. El gas, el agua y otros servicios públicos también son más caros para empresas comerciales como hoteles. Los Airbnbs tienen una tarifa residencial más baja. Los hoteles como el de Schneider también deben realizar “contribuciones obligatorias para apoyar la conservación” a las instituciones locales y demostrar al Gobierno que emplean a residentes y apoyan a los negocios de las Galápagos.
Aunque las rentas a corto plazo no están prohibidas, esto podría cambiar. En el 2023, el Ministerio de Turismo anunció un “plan hotelero”, en el que prometió trabajar con líderes comunitarios y autoridades para establecer nuevas normas.
Sin embargo, los detalles del plan son escasos. Estrella ahora pide a propietarios y plataformas “que se abstengan de publicar propiedades residenciales que ofrezcan servicios de alojamiento, pues esa actividad es ilegal”, afirmó.
Si el asunto no se resuelve pronto, Alejandro M. Garro, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Columbia en Nueva York, predice que las demandas obligarán a los tribunales de Ecuador a abordarlo.
“Es una economía frágil. Debemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación”.
Mateo Estrella
Ministro de Turismo
de Ecuador
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