Por Michael D. Shear/ The New York Times
Durante meses, los políticos de derecha estadounidenses, incluyendo al Vicepresidente J.D. Vance, han acusado a Gran Bretaña de socavar la libertad de expresión al arrestar a personas que publicaron mensajes incendiarios anti inmigrantes en línea durante los disturbios del verano pasado.
Al mismo tiempo, los activistas de izquierda en Londres libran una batalla legal contra el Gobierno británico por arrestar a manifestantes pacíficos que portaban carteles en apoyo a una organización pro Palestina que el Gobierno ha calificado de grupo terrorista.
Hasta hace poco, la policía y el Gobierno británicos habían defendido firmemente los arrestos de ambos bandos del espectro ideológico como necesarios para la seguridad pública.
Pero el dramático arresto el 1 de septiembre de un comediante convertido en activista antitransgénero —el choque más reciente sobre los límites de la libertad de expresión en Gran Bretaña— podría estar impulsando a las autoridades a reconsiderar su postura. Eso tiene el potencial de redefinir un debate con implicaciones para la política, la libertad de expresión y la justicia penal en ambos países.
“Este caso sí parecía hecho a medida para generar indignación generalizada, en parte por la forma absurdamente melodramática en que fue arrestado”, dijo Gavin Phillipson, profesor de Derecho en la Universidad de Bristol. “Pero podría ser un punto de inflexión donde se examinen seriamente las leyes”.
Graham Linehan, guionista de comedia irlandés, fue arrestado por cinco policías al bajar de un avión en el Aeropuerto Internacional de Heathrow, bajo sospecha de incitar a la violencia contra personas transgénero en línea. Había publicado varios comentarios en X en abril, incluyendo uno que decía que cualquiera que viera a una mujer transgénero en un “espacio exclusivo para mujeres” debería “hacer un escándalo, llamar a la policía y, si todo lo demás falla, darle un puñetazo en las partes nobles”.
La vívida descripción en línea de Linehan de su arresto y su largo interrogatorio policial provocó otra ola de condenas por parte de los políticos y medios de comunicación de derecha del País, que denunciaron una fuerza policial fuera de control y un Gobierno decidido a reprimir las opiniones que consideraba ofensivas.
“Enviar a cinco agentes a arrestar a un hombre por un tuit no es vigilancia policial, es política”, dijo Kemi Badenoch, líder del Opositor Partido Conservador. Sin embargo, varios grupos de defensa de las personas transgénero advirtieron que los crímenes de odio estaban aumentando, y uno dijo que entendían que la publicación en línea de Linehan era un “llamado a la violencia justiciera”.
Pero por primera vez, altos funcionarios policiales y Ministros del Gobierno insinuaron estar abiertos a la posibilidad de que los arrestos y procesamientos de cientos de ciudadanos británicos durante el último año pudieran estar yendo demasiado lejos. En un comunicado, Mark Rowley, Comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, afirmó que sus agentes no deberían estar “vigilando guerras culturales tóxicas”, afirmando que la complejidad de la ley actual los coloca en una “posición imposible”.
La reacción al caso de Linehan pone de relieve cómo las autoridades británicas están luchando por equilibrar principios legales contrapuestos: ¿Debe la policía pecar en aras de la seguridad pública al reprimir agresivamente las expresiones que incitan a la violencia o al acoso? ¿O deberían priorizar la libertad de expresión, evitando arrestos y procesamientos cuando el discurso en cuestión no constituye una amenaza clara e inmediata?
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