Por James Wagner/ The New York Times
CIUDAD DE MÉXICO — Para comprar municiones, algunos clientes manejaron más de dos horas. Para comprar pistolas, un grupo de policías rentó una camioneta e hizo un viaje de ocho horas. Para comprar un rifle de precisión, un empleado de seguros condujo nueve horas.
Sólo hay dos tiendas de armas legales en todo México, en la Ciudad de México y en Monterrey —convirtiéndolas en destinos para clientes de todo el País y plasman la conflictiva relación de México con las armas de fuego.
La Constitución consagra el derecho a poseerlas, y hay millones de armas en manos de civiles, con un mercado negro inundado de armas de fabricación estadounidense. Pero las dos tiendas legales, operadas por militares y estrictamente reguladas, son emblemáticas de los esfuerzos del Gobierno por controlar mejor las armas en México.
Guardias de seguridad privada, tiradores deportivos y otros hacen arduos viajes hasta las tiendas. Los solicitantes deben presentar casi una docena de documentos en las tiendas —tras esperar varios meses para obtener la aprobación para comprar un arma.
Cristian Ulices Ocaranza Márquez, de 32 años, un policía municipal, rentó una van con otros seis agentes y condujo ocho horas desde su casa hasta la Ciudad de México para conseguir armas. Su Estado, Colima, tiene una de las tasas de homicidios más altas del País, y tiene prohibido llevar su arma de trabajo a casa, así que solicitó una pistola, esperó tres meses la aprobación y pagó 518 dólares.
“Debido a este trabajo, mi familia también está en peligro”, dijo Ocaranza Márquez, padre de dos niños pequeños.
Aunque quisiera que fuera más fácil para los empleados del Gobierno comprar armas de fuego personales, Ocaranza Márquez dijo que era “bueno que no cualquiera pueda” —y que había visto lo que las armas ilegales podían hacer.
Las estrictas restricciones de México son en parte una reacción a una dolorosa historia de violencia, desde los conflictos del siglo 20 hasta la alta tasa de homicidios actual, impulsada en gran medida por la delincuencia organizada en algunos Estados. Pero también reflejan la complicada relación del País con Estados Unidos, cuyo propio derecho constitucional a las armas de fuego ha contribuido a un flujo constante de armas al sur.
El Gobierno mexicano ha estimado que entre 200 mil y 500 mil armas se trafican ilegalmente a México de Estados Unidos cada año. Muchas terminan en manos del crimen organizado, afirman funcionarios de ambos países.
El problema tiene años de frustrar al Gobierno mexicano, y en el 2021 demandó a fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos, un caso que se encuentra ante la Suprema Corte de EU.
Ahora, el tráfico de armas también se ha convertido en un punto clave en las negociaciones de México con el Presidente Donald J. Trump, quien ha amenazado aranceles severos mientras presiona a México para que tome medidas contra los migrantes y las drogas. Claudia Sheinbaum, la Presidenta mexicana, ha vinculado el problema de las drogas en EU con las armas en México y ha exigido medidas estadounidenses para detener el flujo.
Los líderes mexicanos tienen mucho tiempo de plantear este punto, pero se ha vuelto una prioridad bajo el mandato de Sheinbaum.
La tienda en la Ciudad de México está abierta al público durante varias horas entre semana. Unos 125 clientes visitan la tienda cada día; una cuarta parte de ese número visita la tienda en Monterrey.
El proceso tiene muchos requisitos a propósito, dijo el Coronel Jesús Alfonso Nava Bustamante, quien recientemente supervisó la compra de armas, porque, de lo contrario, “cualquiera estaría armado”.
A la mayoría de los mexicanos se les permite legalmente una pistola para defensa personal por domicilio registrado, y hasta nueve armas de fuego más largas si están inscritos en un club de tiro o caza registrado con el Ejército. Los calibres más altos se reservan sólo para uso oficial del gobierno.
En parte como resultado de estas leyes, hay muchas menos armas de fuego aquí que en Estados Unidos, con alrededor de 20 millones de armas civiles en México, en su mayoría sin registrar, en comparación con 400 millones de armas de propiedad privada en Estados Unidos, reporta el grupo de investigación Small Arms Survey.
Eduardo Ignacio García Zavala, de 32 años, quien trabaja en seguros, pero también practica tiro deportivo, dijo que preferiría hacer su compra en la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones que en el mercado negro. Una de las razones es el costo: comentó que el rifle que compró habría costado cuatro veces más en el mercado negro.
“Adquirir un arma legalmente es muy satisfactorio porque sé que estoy haciendo bien las cosas”, dijo.
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