El presidente Barack Obama exhortó al Congreso a comenzar el mes próximo el debate necesario para una reforma migratoria que resuelva la situación de 11 millones de inmigrantes sin papeles.
“Espero que se presente un proyecto de ley, espero que un debate comience el mes próximo. Quiero firmar el ‘ejecútese’ de ese proyecto de ley lo antes posible”, dijo el mandatario al presidir en la Casa Blanca la ceremonia de naturalización de 28 personas, incluyendo 13 militares. “Estamos haciendo avances. Pero tenemos que terminar este trabajo porque el tema no es nuevo. (...) Todos hemos hecho propuestas, hay numerosos estudios y proyectos, pero tenemos que reunir la valentía política para hacer lo que es necesario hacer”, insistió.
En el acto con los nuevos estadounidenses, entre ellos inmigrantes latinoamericanos de México, Colombia, Perú, Bolivia, El Salvador y República Dominicana, Obama saludó a sendos grupos bipartidistas que ultiman proyectos de ley migratoria tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Obama dijo que aplaude el progreso alcanzado por los grupos bipartidistas que llevan semanas redactando proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso, que esta semana se encuentra en su receso primaveral.
“Estamos avanzando pero necesitamos terminar el trabajo porque el tema no es nuevo, todos sabemos cuál es el problema y cómo solucionarlo”, agregó. “En este momento tenemos que usar el valor político para hacer lo que es necesario hacer”.
Obama dijo en febrero que desea culminar durante el primer semestre de 2013 una reforma migratoria, la cual había prometido durante su primera campaña electoral en 2008.
Ocho senadores de ambos partidos se esforzaron la semana pasada por lograr un acuerdo para dedicarse a redactar el proyecto de ley durante el receso primaveral de dos semanas, pero discrepancias de última hora surgieron respecto de los salarios de los trabajadores poco calificados.
La medida incluiría nuevos criterios de medición para la seguridad fronteriza, permitiría el ingreso de más trabajadores a Estados Unidos y exigiría a las empresas mayores verificaciones de que sus empleados pueden trabajar legalmente, en lo que sería la mayor reforma migratoria desde 1986.
