Una fuerte corriente por cambios en la OEA y en la CIDH, a la que se unió con reparos Estados Unidos, comenzó a tomar cuerpo en el inicio de las sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instaladas ayer en el poblado boliviano de Tiquipaya.
Un bloque de naciones del Alba (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América), encabezado por Bolivia, Ecuador y Venezuela, lanzó una ofensiva para propiciar esos cambios, pues arguyen que la CIDH e incluso la misma OEA están bajo tutela de Estados Unidos.
Para enfatizar sus críticas llegó a la Asamblea General de la OEA en Tiquipaya, en los valles de Bolivia, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien fue recibido por los cancilleres en plenaria pública.
“Hay que pensar seriamente: si es que van a insistir en un foro que no responde a la realidad de nuestra América o sencillamente hacemos algo nuevo, mejor y nuestro”, acotó Correa, tras su participación en la reunión pública, en una entrevista con la AFP.
Correa se sumó a las críticas que había realizado previamente el anfitrión, el presidente Evo Morales, durante la inauguración de la 42 Asamblea, donde disparó con dureza contra la OEA, al afirmar que la organización o se refunda o “muere al servicio del imperio”.
“En esta refundación de la OEA es importante la reorganización de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la supervisión de los derechos humanos”, no solo en la región, sino en Estados Unidos también, planteó Morales.
Reacción
Tras los comentarios, la delegada de Estados Unidos, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para la región, dijo que “queremos sí reformar y perfeccionar la OEA y sus instituciones, pero significa que tenemos que trabajar constantemente para llegar a un consenso de cómo podemos implementar ese objetivo”.
“Yo creo que nosotros podemos llegar a un consenso, a una resolución sobre el sistema interamericano de derechos humanos, preservar la independencia, la autonomía y que todos nosotros podamos estar de acuerdo con ese proceso”, dijo Jacobson, que llegó a la cita en lugar de la secretaria de Estado Hillary Clinton.
La funcionaria acotó que “necesitamos continuar el diálogo entre los países y la Comisión (Interamericana), la Corte (Interamericana) y otros que son parte del sistema y no realmente imponer por parte de los gobiernos nuestras opiniones o cambios de reglamento” de las dos instancias.
La OEA también apoya ajustes, pero no reformas de fondo.
Además, una treintena de organizaciones no gubernamentales americanas rechazaron los planteamientos de varios países para introducir reformas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los temas en debate en la reunión que desplazó el asunto central: seguridad alimentaria.
“Los Estados en esta Asamblea deben reafirmar los principios de independencia y autonomía para los órganos de derechos humanos. En esta ocasión, lo anterior pasa por entender que no se puede atropellar los principios en función de coyunturas de corto plazo”, dice el comunicado enviado por la ONG internacional Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional).
A pesar de todas las críticas, se vive una “extraña paradoja”, destacó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
“Mientras algunos hablan de terminar con la OEA o de superar la OEA, o de OEAs sin unos u otros países, son cada vez más los que acuden a ella, sabiendo que aquí encontrarán siempre un espacio de diálogo, un lugar donde, aun cuando no se puedan resolver todas sus inquietudes, al menos ellas serán escuchadas y conocidas”, enfatizó.
Carta social
A contramano de esas divergencias, la Asamblea General de la OEA alcanzó ayer un primer consenso: aprobó la denominada “Carta Social de las Américas”, un instrumento concebido para complementar los procesos democráticos con un desarrollo económico inclusivo que permita superar la pobreza y desigualdad imperante en el continente.
“Todos los países miembros consignan sus compromisos con los pueblos de la región y se comprometen a hacer lo necesario para que el desarrollo económico que estamos experimentando se vea acompañado de un desarrollo social”, ratificó Insulza tras la aprobación de esa Carta Social.
Por lo tanto, el documento indica que “la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad, a la consolidación de la democracia y el estado de derecho en los Estados”.
Se acota además que “la pobreza crítica constituye un obstáculo al desarrollo y, en particular, al pleno desarrollo democrático de los pueblos”.
La “Carta Social” contiene 5 capítulos referidos que abarcan aspectos como la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico inclusivo y equitativo, la justicia social, la solidaridad y el desarrollo cultural diverso y plural.
El 42 período de sesiones de la asamblea de la OEA concluirá el martes con una declaración conjunta que probablemente incluya recomendaciones para incorporar reformas al funcionamiento del organismo hemisférico y de su órgano independiente, la CIDH.
