Bogotá, Colombia
El presidente Juan Manuel Santos pedirá este viernes perdón en nombre del Estado colombiano por la desaparición de ciudadanos tras la sangrienta recuperación militar del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros hace tres décadas.
El mandatario encabezará 'un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado por los hechos', que dejaron un centenar de muertos -incluidos 11 magistrados- y 10 desaparecidos, informó la Presidencia en un comunicado.
Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz. La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre.
En el evento de este viernes, previsto para las 10H30 locales (17H30 GMT) en el reconstruido Palacio de Justicia, asistirán entre fuertes medidas de seguridad familiares de desaparecidos, magistrados, exguerrilleros del M-19 -como el alcalde saliente de Bogotá, Gustavo Petro, y el actual senador Antonio Navarro-, y miembros del gabinete de Santos, como el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuyo padre pereció durante la retoma, entre otros.
Santos cumplirá así una medida de reparación ordenada el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideró que en el accionar de la fuerza pública 'existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas' sospechosas de colaborar con el M-19, que dejó las armas en 1990.
La Corte IDH responsabilizó entonces al Estado por la desaparición de empleados de la cafetería del edificio, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.
Según la presidencia, el Estado colombiano no sólo respeta sus obligaciones internacionales, sino que busca contribuir a la reparación integral de las víctimas y llamar a la sociedad para que hechos así no se repitan, por lo que el gobierno enmarcó este acto en el compromiso con 'la búsqueda de la paz y la reconciliación'.
El gobierno de Santos, que busca poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, sostiene diálogos de paz desde hace tres años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal y más antiguo grupo insurgente del país.
El presidente Juan Manuel Santos pedirá este viernes perdón en nombre del Estado colombiano por la desaparición de ciudadanos tras la sangrienta recuperación militar del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros hace tres décadas.
El mandatario encabezará 'un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado por los hechos', que dejaron un centenar de muertos -incluidos 11 magistrados- y 10 desaparecidos, informó la Presidencia en un comunicado.
Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz. La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre.
En el evento de este viernes, previsto para las 10H30 locales (17H30 GMT) en el reconstruido Palacio de Justicia, asistirán entre fuertes medidas de seguridad familiares de desaparecidos, magistrados, exguerrilleros del M-19 -como el alcalde saliente de Bogotá, Gustavo Petro, y el actual senador Antonio Navarro-, y miembros del gabinete de Santos, como el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuyo padre pereció durante la retoma, entre otros.
Santos cumplirá así una medida de reparación ordenada el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideró que en el accionar de la fuerza pública 'existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas' sospechosas de colaborar con el M-19, que dejó las armas en 1990.
La Corte IDH responsabilizó entonces al Estado por la desaparición de empleados de la cafetería del edificio, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.
Según la presidencia, el Estado colombiano no sólo respeta sus obligaciones internacionales, sino que busca contribuir a la reparación integral de las víctimas y llamar a la sociedad para que hechos así no se repitan, por lo que el gobierno enmarcó este acto en el compromiso con 'la búsqueda de la paz y la reconciliación'.
El gobierno de Santos, que busca poner fin a un conflicto armado de más de 50 años en el que han participado guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, sostiene diálogos de paz desde hace tres años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal y más antiguo grupo insurgente del país.
