GINEBRA, SUIZA.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió este miércoles la derogación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong, impuesta por China hace dos años, al señalar su preocupación por el deterioro de las libertades en el territorio semiautónomo.
El comité de expertos independientes, que tiene el mandato de la ONU pero no habla en nombre de la organización, dijo estar “profundamente preocupado por la interpretación excesivamente amplia y la aplicación arbitraria de la ley”.
Asimismo instó a las autoridades de Hong Kong a “tomar medidas concretas para derogarla y, mientras tanto, abstenerse de aplicarla”.
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La ley sobre la seguridad nacional fue impuesta por China a la antigua colonia británica en 2020 para poner fin a las inmensas y perseverantes manifestaciones violentas a favor de la democracia.
El texto criminaliza la subversión, la secesión, el terrorismo y la colusión con las fuerzas extranjeras.
Desde su entrada en vigor, la oposición ha sufrido una severa represión y la mayoría de las figuras que encarnan la democracia en Hong Kong ha huido del país, se le ha prohibido ocupar cargos públicos o ha sido encarcelada.
En su cuarta revisión periódica de Hong Kong, el comité lamentó que la ley de seguridad se promulgara sin consultar a la sociedad civil.
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Los 18 expertos advirtieron que “la falta de claridad” del texto dificultaba determinar qué comportamientos y conductas constituían un delito penal.
Además, el comité denunció el hecho de que la ley volviera a tipificar como delito la sedición por primera vez en décadas, y subrayó que se utilizaba para acusar a académicos, periodistas y a otras personas cuando ejercen “su legítimo derecho a la libertad de expresión”.
También lamenta que los asuntos de seguridad nacional se trasladaron a la jurisdicción china, así como “el poder excesivo” otorgado al director general de Hong Kong en virtud de la ley.
El comité advirtió que esto “puede socavar efectivamente la independencia de las garantías judiciales y procesales para el acceso a la justicia y el derecho a un proceso justo”.
Una vez derogada la ley, el Comité pidió que el proceso legislativo que promulga la nueva ley de seguridad fuera “inclusivo y transparente, facilitando la participación libre, abierta y significativa de la sociedad civil y del público”.
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