Honduras

Jueces piden al Congreso rectificar destitución

La Asociación de Jueces por la Democracia justifica su compromiso de defensa de la independencia judicial como pilar fundamental del estado de derecho.

    07.04.2014

    La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) condenó la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional y pidió al Congreso Nacional (CN) rectificar.

    “Condenamos las acciones ejecutadas por el Congreso Nacional”, cita la AJD, en un pronunciamiento.

    La agrupación de jueces califica la separación de los magistrados Gustavo Bustillo, Rosalinda Cruz, Antonio Gutiérrez Navas y Francisco Ruiz como un atentado flagrante al principio de separación de poderes y a la independencia judicial.

    “Estimamos que esta decisión del Congreso Nacional es arbitraria y constituye una acción intimidatoria que perturba la posibilidad de un ejercicio jurisdiccional independiente”, manifiesta la AJD, en el comunicado.

    Argumenta que no se realizó una investigación objetiva de la conducta administrativa de los magistrados, que las verdaderas razones de la destitución son de carácter eminentemente político por el malestar del Ejecutivo y Legislativo a declaratorias de inconstitucionalidad por la Sala Constitucional y que el CN no tiene facultades para la destitución de magistrados.

    Recalcan que los jueces y magistrados tienen como función la tutela de derechos fundamentales e impartir justicia en condiciones de imparcialidad e independencia.

    Por tales argumentos la AJD solicitó al Legislativo rectificar y que ejerza sus atribuciones enmarcadas dentro de lo que establecen la Constitución, las leyes y convenios internacionales.

    Al Ejecutivo que haga una excitativa a que se respete el principio de división de poderes como una condición necesaria para la justa administración de justicia. La AJD avala las acciones legales que interpongan los magistrados destituidos, en defensa de la independencia del Poder Judicial.

    Finalmente, hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante para defender los principios que deben orientar las actuaciones de las instituciones en un estado de derecho.