TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este lunes finalizó el juicio oral y público contra Marco Bográn y Alex Moraes, exfuncionarios de Invest-H que se enfrentaron a la justicia hondureña por la compra de los cuestionados hospitales móviles. Ambos están acusados de dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios.

El juez no pudo dictar una sentencia -absolutoria o condenatoria- porque ahora mismo descansa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Bográn. Hasta que la Sala de lo Constitucional dé una resolución sobre el recurso se brindará el fallo.

LEA TAMBIÉN: UCP no ha entregado ni una casa de los 1,200 millones de lempiras

En el ocaso del juicio, Bográn tuvo la palabra y aprovechó para realizar varios pedidos al Tribunal. Además, reiteró que “es inocente de los cargos imputados”.

“Cómo voy a venir yo a defraudar al Estado y arriesgar la vida de mi padre y la vida de mi madre que es diabética. Solo vean que más de 10 mil cirugías se han hecho en uno de los hospitales que se compraron y si mi madre ocupara una operación yo mismo la llevo al hospital móvil. Si somos trasladados del Batallón a una cárcel de alta peligrosidad nosotros estaremos sujetos a perder la vida, por eso pido que las personas que están el módulo nuestro ahora mismo en el Batallón permanezcan en Támara junto a nosotros por seguridad personal”, solicitó.

El exdirector de Invest-H testificó que él y más funcionarios arriesgaron sus vidas durante la pandemia del covid-19, que el gobierno pasado lo inculpó y que lo dejó solo.

“Todo el público nos ha difamado y esa fue la estrategia gubernamental que tomó el gobierno anterior, incausando a servidores públicos que solo hicieron su trabajo. Adquirimos covid-19 porque andábamos en la calle mientras la población estaba en cuarentena. Fuimos prejuzgados porque en la audiencia inicial la jueza dijo que nos dictaba auto de formal procesamiento en nombre de todas las personas que perdieron la vida”, agregó.

Finalmente, Bográn dijo que la Secretaría de Salud fue quien pidió comprar los hospitales móviles y que el Consejo de Ministros estaba enterado.

El Ministerio Público solicitó un fallo condenatorio y la defensa un fallo absolutorio.