El gobierno de Honduras reaccionó satisfecho con la decisión adoptada por la Corte Suprema de los Estados Unidos que anuló varias cláusulas de la polémica ley SB1070 de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes sin documentos.
Los jueces estadounidenses anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070 y declararon constitucional que la policía del estado de Arizona pueda verificar la documentación de un sospechoso de ser inmigrante ilegal aunque le restó fuerza al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley de inmigración.
Jorge Ramón Hernández, embajador de Honduras en Washington, manifestó “sin lugar a duda me parece que la decisión adoptada contribuye realmente a crear un clima de mayor tranquilidad entre los inmigrantes en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Arizona, en este momento”, expresó el embajador.
“Esto va a tener también una repercusión en los otros estados de Estados Unidos que han emitido también leyes similares después de que se emitió la ley SB1070 en Arizona y además en los estados en los que han considerado la posibilidad de emitir también leyes de esa misma naturaleza”, explicó.
La Corte decidió invalidar tres disposiciones de la ley, aprobada en Arizona en 2010 y que provocó un amplio debate sobre las competencias en materia migratoria de los estados y del gobierno estadounidense.
Dichas disposiciones son las que tienen que ver con la obligación de un inmigrante de presentar su documentación en regla, la prohibición de trabajar o buscar un trabajo si la persona es un inmigrante indocumentado o la detención sin motivo de cualquier persona sospechosa de ser clandestina.
“La Corte Suprema de los Estados Unidos realmente contribuye a no criminalizar la estadía de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos y de alguna manera creo que se abre la posibilidad, después de las elecciones, de que se inicie un debate serio en relación a las reformas migratoria en Estados Unidos”, dijo Alcerro en HRN.
“Lo importante de esa decisión es que se le reconoce al gobierno federal la facultad de ser el gobierno nacional el que regula los temas migratorios y eso asegura también que los estados extranjeros puedan tratar con el gobierno de los Estados Unidos dentro de sus relaciones externas este tema de la inmigración”.
El embajador hondureño consideró que de haber sido aprobada la SB1070, como inicialmente se tenía previsto, “la política migratoria de los Estados Unidos se hubiese convertido en una especie de colcha de retazos en donde cada uno de los 50 estados tendría su propia ley y sus propias disposiciones”.
