Tegucigalpa, Honduras.- Tres terrenos propiedad del Estado de Honduras están identificados como posibles ubicaciones para construir una nueva cárcel de máxima seguridad, mientras la Secretaría de Finanzas asumió el compromiso de buscar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, informaron las autoridades tras una reunión de más de tres horas entre representantes del Congreso Nacional, el gabinete de seguridad y operadores de justicia.
El encuentro fue encabezado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien explicó que el objetivo es avanzar en la construcción de un centro penitenciario destinado a recluir a integrantes de estructuras criminales de alta peligrosidad, declaradas asociaciones terroristas por las autoridades.
“Finanzas nos ha ratificado que el gobierno, el Poder Ejecutivo, le ha dado todas las instrucciones para identificar los recursos, los fondos y el dinero necesario para la construcción de un nuevo centro penal en el país”, expresó Zambrano.
El compromiso de buscar el financiamiento representa uno de los principales resultados de la reunión, aunque todavía no se anunció el costo estimado de la obra ni se confirmó la disponibilidad definitiva de los fondos. Tampoco se ha seleccionado el terreno donde se levantará la infraestructura.
El titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, confirmó que ya se identificaron terrenos que pueden ser considerados para el proyecto.
El siguiente paso será realizar visitas y estudios técnicos para determinar cuál reúne las mejores condiciones para la construcción.
“Actualmente se tienen ya identificados terrenos, lugares que pueden ser considerados para un proyecto de construcción de cárcel”, manifestó Lacayo.
Zambrano indicó que, además de seleccionar el sitio, se deberán realizar los estudios correspondientes y avanzar en el diseño de la infraestructura.
Según las estimaciones técnicas que expuso el titular del Legislativo, la intención es que la construcción comience a finales de este año y que la primera etapa esté terminada entre ocho y diez meses después de iniciadas las obras.
El proyecto se sustenta en el artículo 6 del Decreto 84-2026, aprobado por el Congreso Nacional, que autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones competentes a gestionar los recursos para construir nuevos centros penitenciarios.
La reunión buscó coordinar las acciones necesarias para aplicar esa disposición y definir las responsabilidades de cada institución.
En las conversaciones participaron miembros de la junta directiva del Congreso, jefes de bancada de los cinco partidos políticos, integrantes de la Comisión de Seguridad y Defensa, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez; representantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, autoridades del INP y el ministro de Finanzas,
Hércules confirmó que su secretaría asumió el compromiso de identificar los recursos para cumplir el mandato legislativo.
Añadió que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente Nasry Asfura y que se trabajará de forma coordinada con las instituciones de seguridad y el Congreso.
“Hemos asumido un compromiso de poder identificar recursos para poder cumplir con este ordenamiento”, señaló el ministro de Finanzas.
El funcionario también indicó que el esfuerzo no debe limitarse a la construcción de edificios, sino que debe contemplar las capacidades técnicas que requieren el sistema penitenciario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, no detalló cuánto dinero se necesitará ni de qué fuentes presupuestarias provendrían los fondos.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, sostuvo que la nueva infraestructura forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar la criminalidad y evitar que las personas privadas de libertad continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios.
Velásquez explicó que la cadena de seguridad comienza con la investigación criminal, continúa con la persecución penal del Ministerio Público y el procesamiento judicial, y concluye con el cumplimiento de las penas en instalaciones que permitan mantener bajo control a los condenados.
“Estos reos que son aprendidos, que son investigados, que son procesados, que son sentenciados, tienen que ir a parar a una infraestructura carcelaria que tenga las condiciones para que paguen por sus delitos”, manifestó el funcionario.
Mientras se concreta la nueva cárcel, el INP trabaja en la habilitación de espacios y módulos de máxima seguridad dentro de la infraestructura existente.
Se informó que, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades penitenciarias, se prepara capacidad para recluir durante los próximos meses a alrededor de 1,300 reos considerados peligrosos.
También afirmó que durante la primera semana de aplicación de las medidas se había informado sobre la detención de 53 presuntos cabecillas de maras y pandillas.
Estos privados de libertad incluidos en el régimen especial permanecerían bajo condiciones estrictas de confinamiento, con restricciones de comunicación y horarios controlados.
Lacayo señaló que el régimen de máxima seguridad debe servir no solo para impedir que los reclusos continúen dirigiendo actividades criminales, sino también para proteger al personal penitenciario y a la población.
Agregó que el fortalecimiento de la infraestructura debe acompañarse de logística, equipo y capacidad institucional para hacer cumplir las medidas.
El titular del INP reconoció que la construcción no resolverá de inmediato los problemas del sistema penitenciario y que el proceso deberá ejecutarse por etapas.
También pidió respaldo a las comunidades donde eventualmente se ubique el proyecto, al considerar que la obra puede generar actividades económicas y oportunidades para las poblaciones cercanas.
Por ahora, la ubicación definitiva, el costo y la fuente concreta de financiamiento de la nueva cárcel siguen pendientes. Las autoridades deberán completar los estudios de los terrenos y precisar los recursos disponibles antes de pasar de los acuerdos de coordinación a la ejecución de la obra.
