El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) ejercerán las acciones legales pertinentes tendientes a deducir responsabilidades penales a policías por el delito de enriquecimiento ilícito.
En inicio los casos son documentados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). Precisamente en esta semana se informó que la DIECP ya tiene avanzadas las pesquisas en torno a los bienes patrimoniales de algunos miembros de la Policía Nacional. Este organismo ya maneja información en la que se detallan nombres, rangos, direcciones, bienes que poseen, nombre de empresas y estado de las finanzas de al menos cuatro oficiales de alto rango.
Entre los cuatro detectaron movimientos de origen conocido y desconocido por el orden de los 35 millones de lempiras, más la posesión de 111 vehículos detallados así: 25 buses, 75 de equipo pesado y 11 turismos. Además, se documenta la posesión de varios terrenos. La investigación patrimonial incluye a sus familiares.
Al respecto, las autoridades del TSC esperan que la DIECP les remita los informes de investigación contra oficiales, una vez que estos concluyan.
La DIECP está facultada legalmente para realizar este tipo de investigaciones; sin embargo, requiere enviar los informes al ente contralor para refrendarlos. Igualmente, el TSC está facultado constitucionalmente y por la ley para realizar investigaciones por el delito de enriquecimiento ilícito.
“Si ellos (la DIECP) están facultados, deberán emitir los respectivos informes. Si las investigaciones que haga la DIECP van a servir como insumos para la investigación que pudiera hacer el Tribunal, bienvenida sea, sería oportuna”, manifestó la secretaria general del TSC, Alva Rivera.
El ente contralor desconoce los alcances de las investigaciones que realiza la DIECP, si los apoya en la realización de las mismas. Rivera desconoce qué procedimiento seguirá este organismo una vez que concluyan sus pesquisas. “Estamos a la expectativa y pendientes”, dijo.
De esta forma el TSC generará los informes respectivos para remitirlos al MP, para la deducción de responsabilidades penales por dicho ilícito. Previo al informe definitivo, el TSC garantizará el procedimiento de derecho a la defensa.
Por su lado, expuso que el ente contralor investiga algunos casos de enriquecimiento ilícito contra policías, sin detallar cuantos. Argumentó que como todo servidor público los uniformados están obligados a rendir cuentas de su patrimonio.
Acción penal
En el MP existe el compromiso de incoar las acciones penales correspondientes.
La Fiscalía contra la Corrupción está a la espera de que el TSC les remita los informes de auditoría por enriquecimiento ilícito contra policías, para proceder conforme a la ley, dijo el portavoz del MP, Marvin Cruz.
De acuerdo con la ley el MP es el facultado para ejercer la acción penal, por ello está a la espera de los informes correspondientes. Una vez recibidos, explicó que se analizarán los mismos para determinar si es necesario profundizar en las pesquisas. En los casos que ameriten se interpondrán las acciones correspondientes.
Aseguró que de momento la Fiscalía no ha recibido informes por enriquecimiento ilícito contra policías, solo una denuncia concreta contra un uniformado.
En cuanto a las investigaciones de los bienes que se realizan a oficiales y agentes de la Policía, el director de la DIECP, Eduardo Villanueva, valoró que han contado con todo el apoyo del TSC.
“Tenemos un espacio físico disponible donde nuestros investigadores realizan su trabajo sin sacar documentos custodiados por esa institución y que la ley protege ese derecho”, manifestó. “Cuando nosotros encontremos la evidencia del delito de enriquecimiento ilícito, nosotros vamos a trasladar esa información para que el Tribunal Superior de Cuentas, siguiendo el trámite correspondiente, las transmita al Ministerio Público. Esa es la institucionalidad de este país y en esa nos sustentamos”, concluyó Eduardo Villanueva.
Otra propuesta
Ante los escasos resultados la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, enviará al Ejecutivo otra propuesta de depuración de la Policía.
“El problema es delicado, nosotros lo hemos planteado y esperamos que cambie. Vamos a presentar una nueva propuesta al gobierno para tener una depuración más efectiva”, anunció Castellanos. Un grupo de expertos trabaja en la iniciativa, que se prevé presentar en unas dos semanas.
“Es para acelerar el proceso de depuración porque no hay satisfacción”, dijo la rectora, quien demanda más agilidad y coordinación entre la DIECP, el Ministerio Publico y los tribunales.
“Hay un problemas que el pais debe resolverlo, con un sistema de justicia que está totalmente descoordinado”, agregó.
