Todos los miembros de la Policía Nacional de Honduras deberán reportar qué tipo de negocios tienen y que les generan ingresos adicionales a sus salarios, esto como parte del proceso de investigación de sus bienes.
Esta revisión de los patrimonios fue ordenada por el director de la entidad, Juan Carlos Bonilla, quien asegura que este es uno de los primeros pasos que se darán para conocer si algunas riquezas de los elementos policiales son lícitas o no.
EL HERALDO conoció de una nota que Bonilla remitió a las diferentes direcciones policiales para que todos sus miembros hagan un reporte.
“La nota la mando a diferentes instituciones en donde hago mención que nos den información referente a actividades de nuestros policías y oficiales, esto va focalizado, esto va paso a paso… hay ciertas actividades donde están imbuidos los miembros de la Policía Nacional, y digo actividades comerciales”, indicó el comisionado Bonilla.
El funcionario aclaró que esta rendición de cuentas que ha ordenado no es una declaración de bienes de los policías, sino que una explicación de las actividades paralelas a las oficiales mediante las cuales obtienen un lucro.
Muchos policías, principalmente oficiales, son empresarios del transporte, algunos de tipo pesado, ganaderos o comerciantes de otro tipo, negocios con los que han logrado prosperar significativamente, al grado que algunos ya son millonarios.
Piden al TSC intervenir
Bonilla declaró hace dos semanas en EL HERALDO que solicitaría al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que investigara a todos los miembros de la Policial Nacional para saber quiénes se han enriquecido ilícitamente.
Actualmente solo los funcionarios que ganan más de 30 mil lempiras al mes o que tienen bajo su mando la administración de bienes son los que están obligados a presentar una declaración de bienes ante el TSC, como medida de fiscalización de sus recursos.
Pero este proceso no ha servido del todo para “contarles las costillas” plenamente a los elementos policiales, por lo que Bonilla ahora aplica esta nueva medida de control.
Limpieza
La Policía Nacional está integrada por unos 15 mil elementos, de los que más de 14 mil se encuentran en la escala básica y sus ingresos son equivalentes al salario mínimo.
El director dijo que la investigación de bienes de los policías se hace porque hay sospechas de que algunos elementos se han superado económicamente en base a actividades ilegales y por eso mediante la instrucción escrita se deja claro que habrá una investigación de las actividades en las que se desenvuelven los agentes.
Hay policías en “actividades en cuanto a derechos humanos, actividades en cuanto a enriquecimiento ilícito, es una actividad con efectos o factores concurrentes en la actividad policial”, detalló.
Sacudida
Juan Carlos Bonilla fue nombrado como director de la Policía Nacional el 21 de mayo de 2012 en sustitución de Ricardo Ramírez del Cid.
El cambio se hizo en medio de un vendaval de críticas contra la entidad por señalamientos de corrupción de elementos.
Súper poderes
Se le encomendó que hiciera una profunda limpieza en la institución y para apoyarlo se le otorgaron “superpoderes” mediante un decreto que le autoriza agilizar el proceso legal de separación de supuestos policías corruptos.
El Congreso Nacional (CN) aprobó el decreto 89-2012, que deja en suspenso por seis meses algunos puntos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional referente el régimen disciplinario para despedir policías por actos irregulares.
Estos artículos suspendidos tienen que ver con las normas y procedimientos del régimen de despidos de la carrera policial, es decir, los trámites administrativos, los plazos y las audiencias de descargo.
Bonilla dice que ese instrumento legal será una de sus mejores armas para adecentar la Policía Nacional.
“Tengo listo el instrumento, está lista una matriz de depuración y esto va en camino, en el próximo mes, en los próximos días ya va a haber resultados”, remarcó.
Pruebas de confianza
Bonilla dijo que está a la espera de que llegue al país un equipo de poligrafistas extranjeros que someterán a policías al detector de mentiras, como parte de la aplicación de las pruebas de confianza que se realizarán a los miembros de la organización armada.
Los gobiernos de Colombia, Israel y Estados Unidos prestarán colaboración para la práctica de estos exámenes.
Los nuevos jefes de las direcciones de la Policía Nacional serán sometidos a esas pruebas de confianza y, dependiendo de los resultados que obtengan, serán nombrados de forma definitiva.
Como parte del proceso de saneamiento de la Policía Nacional, el director general también aplicó remezones en mandos intermedios de la entidad al nombrar a un medio centenar de nuevos jefes regionales y departamentales.
Todos los policías declararían bienes
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Seguridad estarían reactivando un convenio para obligar a todos los policías a declarar sus bienes.
En el caso de los oficiales, estos tienen la obligación de declarar porque devengan salarios superiores a los 30,000 lempiras, requisito establecido por la ley.
Para que se amplíe a los agentes se debe reglamentar, podría ser a través de un convenio. En la anterior gestión, el TSC trabajó en un acuerdo similar, producto del mismo se detectaron irregularidades como la de un conductor de la policía al que le detectaron en sus cuentas 12 millones de lempiras.
“El convenio se puede retomar, siempre y cuando el TSC pueda recibir los paquetes de las declaraciones de bienes de parte de las oficinas de Recursos Humanos de cada dependencia de la Policía, dijo a EL HERALDO la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.
El ente contralor tiene las facultades de recibir y revisar declaraciones de bienes de servidores públicos, para detectar casos de enriquecimiento ilícito. Anchecta dijo que se está a la espera de que las autoridades de la Policía Nacional les remitan el listado de oficiales, debidamente documentado, para investigarles sus bienes.
“Les hemos dicho que pueden proporcionarnos una lista para hacer la investigación, estamos anuentes a cooperar”, expresó. Mientras, el ente contralor prepara el informe de cinco altos oficiales que Seguridad pidió se indague su patrimonio familiar.
