La defensa a ultranza de Soptravi para que se declare en secretividad el uso de subsidios al transporte urbano hace que crezcan las dudas sobre un posible golazo, tal y como lo advirtieron diputados de oposición el día que fueron aprobados 300 millones de lempiras en el Congreso Nacional.
Por eso es que la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dulce María Zalava, señaló que “el que no quiere informar es porque algo oculta”.Soptravi primero emitió
un acuerdo irregular para declarar en reserva el pago de casi 300 millones de lempiras a dueños de buses urbanos, porque el acto se hizo sin consultar al Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP).
Según Soptravi, existen 1,295 buses “amarillos” o grandes por los que sus propietarios reciben subsidios de 750 lempiras por unidad.
Sin embargo, la población asegura que estos buses ya ni siquiera se observan en la calle, porque su lugar lo han tomado los rapiditos.
Estos rapiditos cobran más de 10 lempiras por un servicio deficiente. Los abusos de los conductores han hecho que el caos vial aumente en la ciudad.
La sospecha que existe es que algunos números migraron de los buses grandes a los rapiditos, y con ellos el pago del subsidio.
Para corroborar bus por bus quien recibe el pago, EL HERALDO solicitó la información haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información.
Esto fue preciso ante la negativa del director de Transporte, Blas Ramos, de entregar los listados. Incluso, Ramos afirmó en el Congreso Nacional, cuando los fondos fueron aprobados, que toda la información estaba disponible en la web, lo cual resultó falso.
Ante la negativa de Soptravi, EL HERALDO interpuso un recurso de revisión para que se suministre la documentación requerida. Como el acuerdo se hizo al margen de la ley, el IAIP lo anuló y ordenó que los datos fueran entregados.
No a la transparencia
Pero curiosamente, Soptravi no cede en su intención de mantener oculta la información.
Ahora Soptravi, a través de su jefe, Miguel Ángel Gámez, ha solicitado al IAIP que emita un dictamen para que la información sea declarada secreto de Estado. Soptravi alega que se pone en riesgo la vida de los empresarios del transporte si se da a conocer el listado de los beneficiarios del subsidio.
La opinión técnica podría tardar hasta cuatro meses en vista de la forma lenta con la que el IAIP resuelve los trámites de los peticionarios. Si el IAP avala la secretividad, esto representaría un hecho funesto para la transparencia, ya que otros subsidios también se podrían declarar en secreto bajo el argumento de que hay riesgo para sus destinatarios.
