Una nueva Ley Electoral y el Tribunal de Justicia Constitucional son parte de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación que no se han cumplido a un año y 11 meses de haber sido formuladas.
En total fueron 84 recomendaciones
y cuatro sugerencias que la CVR hizo en su informe llamado “Para que los hechos no se repitan”, en junio de 2011, y en el que planteó un análisis de los acontecimientos antes, durante y después de la crisis política de 2009, generada tras el derrocamiento del expresidente liberal Manuel Zelaya por violar la Constitución, al querer convocar a una Asamblea Nacional Constituyente pese a tener impedimentos legales para ello.
De estas recomendaciones solo se han llevado a cabo 32 y otras 37 están en proceso de creación, mientras que en las restantes 17 no se han tomado acciones, según el coordinador de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Rolando Sierra.
Según Sierra, la falta de “consenso” evitó que el Congreso Nacional cumpliera lo relacionado a la aprobación de un Tribunal de Justicia Constitucional, uno de los consejos más importantes que se plantearon para dirimir conflictos entre poderes.
“Se llevó a realizar la propuesta, no obstante, el Congreso vio que no había suficiente consenso entre los sectores y creemos que estaría para el próximo Congreso”, aseguró.
Sierra lamentó que no se aprobara una nueva ley electoral que viniera a regular la nueva realidad política en la que ahora figuran nueve partidos.
“Se vio que parte de la crisis se dio porque los partidos políticos fueron incapaces de procesar una crisis y por eso se requieren reformas en el sistema de partido, y por eso se mira importante una nueva ley electoral que apunte sobre todo a darle mayor autonomía a la autoridad electoral del país (Tribunal Supremo Electoral)”, expresó.
Otra recomendación que no se ha realizado es la revisión del rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del Ministerio Publico (MP).
A la Organización de Estados Americanos (OEA) se le recomendó elaborar un mecanismo de alerta temprana para poder actuar en casos de crisis políticas y evitar que las situaciones se desborden como en el caso de Honduras. Esta recomendación es una de las nueve que planteó la CVR en el ámbito internacional, pero ninguna se ha llevado a cabo.
¿Lentitud?
El funcionario dice que prefiere ver la mitad llena del vaso y no centrarse en lo vacío, con relación a lo cumplido y no cumplido de las recomendaciones, porque considera que sí han existido avances e intenciones para ejecutar las propuestas de la CVR.
“Eso quiere decir que hay leyes introducidas al Congreso que están pendientes de aprobación y eso significa que hay medidas que se están realizando para que se llegue al cumplimiento de las recomendaciones”, dijo.
Que se hayan cumplido 32 recomendaciones “desde una perspectiva puede ser poco, desde otra perspectiva puede ser mucho, pero, sea como sea, es un paso importante que ha dado Honduras”, opinó.
Honduras es el único país de los 19 en los que ha habido Comisión de la Verdad en donde se ha creado una Comisión de Seguimiento, destacó.
Las 84 recomendaciones fueron elaboradas en 8 ámbitos: Constitucional, derechos humanos, combate a la corrupción, Estado de derecho, política electoral, internacional, medios de comunicación y de memoria.
De 11 reformas constitucionales requeridas se han cumplido tres, como la modificación del artículo 5 de la Carta Magna que amplía el tema del plebiscito y referéndum, creación del juicio político y derogación del estado de sitio.
Mientras, en el área de derechos humanos se plasmaron 24 recomendaciones y se han realizado 14 y, entre estas, se encuentran la aprobación del decreto de amnistía para los actores de la crisis política, creación de la Comisión de la Reforma a la Seguridad Pública y la presentación de un nuevo modelo de educación policial.
Por su lado, en el área de combate a la corrupción se hicieron 9 recomendaciones y se han hecho realidad 5: Aprobación del Plan Nacional Anticorrupción, participación de Honduras en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Igualmente, el Tribunal Superior de Cuentas ha concluido 22 auditorías de casos relacionados al golpe de Estado y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública concluyó una evaluación a la Fiscalía contra la Corrupción.
Al Congreso Nacional le compete ejecutar 57 de estas recomendaciones mediante la aprobación de leyes, mientras que al Poder Ejecutivo 24, por lo que son los entes a los que se les asignó la mayor carga de acciones. El resto de recomendaciones las deben realizar el Tribunal Supremo Electoral, medios de comunicación, sociedad civil y organismos internacionales.
En el ámbito político electoral, de 13 se han cumplido 4 y entre estas se encuentran la inscripción de nuevos partidos políticos, depuración del censo electoral y masificación de entrega de tarjetas de identidad; esto a cargo del Registro Nacional de las Personas.
“El proceso de cumplimiento está en una dinámica, hay diferentes propuestas y hay que entender que por su naturaleza algunas recomendaciones han sido de pronto cumplimiento y otras que requieren de mayor proceso, procesos de consulta y de incidencia”, consideró Sierra.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación estuvo integrada por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos; el abogado Omar Casco; el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein y expertos internacionales.
EL HERALDO intentó entrevistar al abogado Omar Casco para conocer su impresión sobre el retraso en el cumplimiento de las recomendaciones, pero este no contestó las solicitudes para atender a este medio ni respondió las preguntas que se le enviaron por correo electrónico.
De igual manera se quiso abordar a la rectora Julieta Castellanos, pero ella se encontraba fuera del país la semana pasada.
Política
Rolando Sierra recordó que los partidos políticos se comprometieron este año a respaldar la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y que ese cambio se podría producir en 2014.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, por su parte, ha hecho reconocimientos a defensores de derechos humanos en cumplimiento a una de las recomendaciones de la CVR, al igual que actualmente desarrolla un diplomado en derecho constitucional y derechos humanos para ejecutar otro de los requerimientos.
Tampoco se ha cumplido lo referente a la aprobación de una ley especial de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, aunque el proyecto de la iniciativa de ley se trabaja en la Secretaría de Justicia.
Se quería desterrar a los militares
La creación de la Policía Militar de Orden Publico (PMOP) va en contra de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La recomendación número 4 de la CVR dice claramente que se debe de evitar inmiscuir a los militares en acciones que solo le competen a la Policía Nacional.
“Recomendamos, en la Constitución de la República, revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción”, dice el informe.
Sin embargo, el informe no analizó a profundidad la grave crisis de inseguridad que el actual gobierno heredó de la administración Zelaya, cuando la tasa de homicidios creció 22 puntos, al pasar de 37 por cada 100,000 habitantes en 2005 a 59 en el cierre de 2008.
La gestión Zelaya heredó un país con bajos índices de criminalidad, según las estadísticas del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Sin embargo, en la gestión Zelaya, cada año los homicidios crecieron de forma alarmante. La tendencia a la alza no fue frenada en los tres años y medio de gobierno. Actualmente, la población ha visto con buenos ojos la seguridad militar.
