Honduras

Solo 2 de cada 10 órdenes de captura ejecuta la DNIC

Anualmente se emiten unas 2,400 órdenes de arresto y
la Policía de Investigación solo cuenta con unos 1,200 agentes.

07.04.2014

Llevar a los tribunales de justicia a los criminales, ladrones, violadores, narcotraficantes y otros, es casi motivo de celebración por el poco porcentaje de prófugos que son aprehendidos.

La impunidad se ve fomentada en parte porque solo 2 de cada 10 órdenes de captura son ejecutadas por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

Esto ha sido una tendencia constante en los últimos años, según reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Insistentemente EL HERALDO ha pedido información a la DNIC sobre su labor investigativa, estadísticas de su trabajo, pero misteriosamente se ha negado a proporcionarlas.

Los datos más recientes sobre el nivel de incumplimiento de órdenes de captura por parte de la DNIC se reflejan en un análisis sobre el tema hecho por el Conadeh entre 2005 y 2009.

En ese período hubo 12,098 órdenes de captura emitidas por distintas judicaturas, de las cuales solo se efectuaron 2,510.

Quedaron, entonces 9,588 órdenes de captura que no se realizaron, lo que representa un 80 por ciento de incumplimiento.

En estos cinco años (2005 y el 2009) se ha solicitado un promedio anual de 2,420 órdenes de capturas, de las cuales la Policía -encargada de cumplirlas- ejecutó un promedio anual de 502 (21 por ciento), quedando pendientes de ejecutar un promedio anual de 1,918 (79 por ciento.

En el 2005, para el caso, de 2, 513 órdenes de captura solicitadas, la DNIC ejecutó 486 (19 por ciento), dejando pendiente de captura 2,027 (81 por ciento). Esta misma situación se mantuvo en el siguiente año.

A partir del 2007, se registró una leve mejoría si se toma en cuanta que de las 2,229 órdenes de captura solicitadas, la DNIC ejecutó 478 (21 por ciento ), dejando pendiente de ejecutar 1,751 (79 por ciento).

En este sentido, el mejor año para la DNIC fue en el 2009, ya que de las 2,561 órdenes de captura solicitadas, ejecutó 578 (23 por ciento) y dejó pendiente de ejecutar 1,983, cifra que representa el 77 por ciento.

La DNIC cuenta con unos 1,200 agentes versus 2,400 órdenes de captura anuales emitidas.

Si todos lo policías de investigación estuvieran dedicados a arrestar prófugos representaría que cada agente tendría la misión de capturar a dos prófugos.

Pero, evidentemente, no todos los investigadores están dedicados a arrestar,pues existen diferentes unidades de investigación en donde se concentra la mayoría de personal de la DNIC.

A la falta de recurso humano para realizar arrestos se suma la limitada logística de esta dependencia de la Policía Nacional.

La DNIC no cuenta con un laboratorio propio, posee pocos y maltratados vehículos, los agentes están mal entrenados y los viáticos para hacer giras escasean.
Impunidad

Esta espiral de impunidad hace que la sociedad crea menos en los operadores de justicia, especialmente en los que trabajan en la investigación de casos.

Al no haber avance en las pesquisas de crímenes y mucho menos búsqueda efectiva de personas con órdenes de captura, el desaliento aumenta y, por ende, cada vez hay menos personas que interponen denuncias, según estudios de organizaciones.

Tanto en el 2007, como en el 2012, el Conadeh encargó a la empresa Borge y Asociados la elaboración de una encuesta nacional sobre seguridad pública.


Esta investigación, que según Ramón Custodio, rector del Conadeh, es un instrumento complementario de suma importancia para la elaboración de diagnósticos precisos y, sobre todo, para conocer la cifra negra de los delitos cometidos, pero que no son denunciados por la sociedad y, por tanto, no registrados en los datos oficiales.

Del resultado del sondeo se colige que alrededor del 79.7 por ciento de los encuestados manifestó que no acudió a denunciar ante las autoridades el delito del que fue víctima, y que solo lo hizo el 19.6 por ciento, mientras que el 0.7 por ciento no respondió.

Consultados sobre cuál fue la causa por la que no interpusieron la denuncia, los encuestados respondieron que era una pérdida de tiempo, no tenía pruebas, por los trámites largos y difíciles, por desconfianza en la autoridad, por miedo al agresor y por miedo a que lo extorsionaran. “El resultado de la investigación indica el grado de impunidad que se viene arrastrando desde hace varios años en el país”, comentó el ombudsman hondureño.

De conformidad con la Ley Orgánica de Policía, la DNIC, es la responsable de investigar los delitos, identificar a los responsables de los mismos, a efecto de ofrecer a los fiscales del Ministerio Público, las pruebas necesarias para el ejercicio de la acción penal.

El Ministerio Público pide una orden de captura al juzgado competente, si la solicitud es confirmada la DNIC tiene que ejecutarla.

La DNIC es objeto de críticas por presunta corrupción que se le achaca de que agentes reciben dinero de criminales con órdenes de captura para que se hagan de la vista gorda y que no ejecuten los arrestos.
No hay investigación

A mediados del 2008, el Congreso Nacional, emitió la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional mediante la cual se realizaron algunos “cambios cosméticos” al cuerpo policial, como el de cambiar el nombre de las direcciones generales por el de direcciones nacionales, circunstancia que en nada contribuyó para mejorar la efectividad de cada una de ellas.

Pese a que el 13 de enero de 2010, el Congreso Nacional tomó la decisión legislativa de crear una policía técnica de investigación, dependiente del Ministerio Público, al final dieron marcha atrás y el 24 de febrero de 2010, por “mayoría mecánica”, derogaron el decreto que la creaba.

De esa forma, el Ministerio Público no pudo recuperar el brazo investigador que le fue amputado en 1998 cuando la entonces Dirección General de Investigación pasó a la Secretaría de Seguridad. El fiscal general Luis Rubí dijo en el Congreso Nacional que solo el 20 por ciento de las denuncias son investigadas por la DNIC y que de esa cifra el 90 por ciento se judicializa, es decir se presentan requerimientos en los juzgados.