Tegucigalpa, Honduras.- Cinco casas fueron allanadas y tres sitios más inspeccionados este jueves en distintas zonas del departamento de Cortés.
Las operaciones fueron dirigidas por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
El objetivo del ente acusador del Estado es investigar a un grupo que estaría moviendo droga y dinero dentro y fuera del país.
Según la Fiscalía, dentro de la estructura criminal está el doctor Santos Manuel Cruz Cardona, médico de profesión y exprecandidato a diputado por el movimiento Avanza del Partido Nacional, dirigido por la ex primera dama Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico.
El nombre del galeno surgió tras una denuncia presentada ante la DLCN, y desde entonces, las pistas no dejan de acumularse.
Las investigaciones compartidas por el MP indican que el doctor Cruz Cardona "estaría colaborando con un grupo delictivo desviando sustancias químicas controladas —productos que solo pueden usarse bajo estrictas normas, por ejemplo en hospitales— y que en este caso estarían siendo utilizadas para fabricar drogas sintéticas, como metanfetaminas".
Además, se sospecha que parte del dinero generado por estas actividades se habría lavado, es decir, hecho pasar por legal, a través de empresas de su propiedad, especialmente un hospital privado llamado Siloé.
Los registros muestran que el médico tiene un crecimiento económico repentino, de los que se destacan casas, avionetas, vehículos de lujo y cuentas bancarias dentro y fuera del país que no corresponden con sus ingresos formales.
Esto hizo que el MP lo considere parte importante de una red que estaría conectada con los hermanos Urbina Soto, señalados como líderes de un grupo criminal en el departamento de Yoro.
Con los allanamientos, las autoridades buscan asegurar pruebas antes de que puedan ser destruidas.
La operación forma parte de una estrategia nacional para golpear a las redes criminales no solo en la parte operativa, sino en su poder económico, que es lo que les permite sostenerse y expandirse.
El caso está abierto, y de confirmarse lo que sugieren las pruebas, podría convertirse en uno de los más serios que vinculan el narcotráfico con sectores políticos en los últimos años.
