Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra a las puertas de emitir un fallo sobre un recurso de amparo vinculado al proceso judicial que enfrentan tres exmagistrados de la Sala de lo Civil, acusados por el Ministerio Público (MP) de haber emitido una resolución presuntamente contraria a la ley para favorecer a instituciones bancarias en una millonaria demanda.
El caso involucra a los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, quienes integraron la Sala de lo Civil de la CSJ durante el período 2016-2023.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) logró que un juez con jurisdicción en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción les dictara auto de formal procesamiento por suponerlos responsables del delito de prevaricato judicial.
Según la acusación fiscal, los exfuncionarios judiciales habrían emitido en marzo de 2022 una sentencia considerada injusta y contraria al ordenamiento jurídico, con la que supuestamente beneficiaron a entidades bancarias demandadas en un litigio por más de 159.8 millones de dólares.
La investigación del Ministerio Público sostiene que las irregularidades se remontan a febrero de 2016, cuando el pleno de la Corte Suprema ordenó devolver a la nueva Sala de lo Civil un expediente que contenía recursos de casación, pese a que la sala saliente lo había remitido al pleno al no alcanzar unanimidad en su resolución.
Para la Fiscalía, esa actuación fue antijurídica, ya que una vez que el expediente era elevado al pleno por falta de consenso, correspondía a esa instancia emitir una resolución definitiva, sin posibilidad de devolver el caso a la sala.
El requerimiento fiscal también señala que el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández habría influido para que el caso fuera conocido nuevamente por la Sala de lo Civil que él integraba, evidenciando un interés particular en el proceso.
Posteriormente, el 22 de marzo de 2022, junto a Méndez Romero y Alvarado Moreno, habría suscrito una sentencia unánime que absolvió a las instituciones financieras demandadas.
