Whashington, Estados Unidos.- La movilización militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela no es un ultimátum ni un plan de invasión para derrocar al régimen autócrata de Nicolás Maduro, dice con contundencia el profesor Robert Carmona-Borjas, de la Fundación Arcadia en una entrevista con EL HERALDO.
Carmona-Borjas es un venezolano asilado en Washington y dirige una organización que promueve la democracia, las libertades, la transparencia y los derechos humanos en América Latina y ha sido un fuerte crítico del régimen dictatorial venezolano.
En esta entrevista, el profesor analiza las relaciones de Maduro con el gobierno de Honduras y advierte que las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre siguen en riesgo, pero que corresponde a los hondureños cambiar el rumbo del país, ante un gobierno izquierdista que ha sido un fracaso.
Carmona-Borjas también prevé que Estados Unidos seguirá subrayando con acciones la lucha contra la corrupción y redes del narcotráfico en Honduras al precisar que aumentará el escrutinio con “más investigaciones federales, sanciones personales, cancelación de visas, congelamiento de activos y condicionamiento de cooperación donde se acredite connivencia, omisión o beneficio del trasiego”.
He aquí la extensa entrevista del conocer de la realidad latinoamericana y experto en el entresijo de las políticas de Washington.
Según los récords usted es el primer venezolano en recibir asilo político en los Estados Unidos bajo el régimen Chavista en el 2002. Tiene 23 años luchando desde el exilio en contra de la corrupción, en procura de la transparencia, el respeto de los derechos humanos y el rescate de la democracia en Venezuela. ¿Con esta movilización militar en el Sur del Caribe Estados Unidos está tratando de invadir Venezuela?
No. La presencia de tres destructores AEGIS y de un escuadrón anfibio de EE.UU. en el sur del Caribe no busca invadir Venezuela ni deponer a Nicolás Maduro. Qué más quisiera yo. Pero no, su finalidad es interdicción contra el narcotráfico y apoyo operativo a gobiernos caribeños que lo han solicitado —Guyana, Trinidad y Tobago, República Dominicana, entre otros— porque no cuentan con capacidades suficientes para vigilar y controlar rutas que los carteles llevan años explotando.
Estos medios amplían la detección, seguimiento y coordinación con la Guardia Costera y fuerzas locales, cierran “puentes aéreos” y tramos marítimos de transbordo, y generan incautaciones, detenciones e inteligencia que alimenta procesos penales. De paso, su presencia disuade aventuras desesperadas del chavismo que puedan escalar tensiones —por ejemplo, en torno al Esequibo— sin implicar operaciones dentro del territorio venezolano.
Lo que sí ocurre es que este despliegue pone en jaque el negocio del narcotráfico del régimen y sus aliados criminales: al cortar rutas marítimas que por décadas operaron con impunidad —incluido el uso del territorio venezolano como corredor de paso—, se reduce drásticamente su libertad de movimiento y se encarece toda la cadena logística. Esa es la lógica de la operación; no hay “ultimátum” ni plan de invasión.
¿Si no es una acción militar para expulsar del poder al autócrata Nicolás Maduro, cree usted que es necesaria para luchar de manera efectiva en contra de los cárteles de la droga?
Sí, dentro de una estrategia integral es necesaria, y por razones eminentemente operativas. Los cárteles utilizan un corredor multimodal (pistas clandestinas, lanzamientos sobre el mar, transbordos a lanchas rápidas y buques de apoyo). Para cerrar la pinza se requieren plataformas con gran autonomía, mando y control sostenido y capacidad de interdicción con equipos policiales embarcados. Ahí, los destructores y el componente anfibio aportan tres efectos decisivos: aumentan la detección y el cuadro táctico compartido con aliados; habilitan abordajes legales y cadenas de custodia sólidas; y mantienen operaciones continuas incluso en condiciones meteorológicas adversas.
Además, compensan brechas de capacidad en varios Estados del arco caribeño que, por sí solos, no pueden cubrir su espacio marítimo-aéreo frente a redes transnacionales. El impacto práctico se ve en el encarecimiento de la logística criminal (rutas más largas, mayor riesgo, más pérdidas), en incautaciones y detenciones que nutren causas penales y en la disuasión que produce la presencia sostenida.
Con todo, no es una panacea. Para que funcione de verdad debe integrarse con control del espacio aéreo, cooperación judicial y financiera (seguimiento de dinero, decomiso de activos), lucha anticorrupción en puertos y aeropuertos y coordinación estrecha con socios regionales. En síntesis: necesaria, pero no suficiente; reduce de forma medible la libertad de acción de los cárteles y estrangula su logística, sin confundirse con una operación para cambiar un gobierno.
¿Cómo analiza usted esos llamados de la cúpula del gobierno de Venezuela llamando a la población a alistarse para defender la soberanía y el territorio, convocando a las reservas a enlistarse?
Es, esencialmente, una puesta en escena para consumo interno. Esos llamados buscan fabricar sensación de amenaza externa, cohesionar a la base y vigilar la lealtad de funcionarios y ciudadanos, más que preparar una defensa real. La milicia y las reservas no ofrecen capacidad efectiva de disuasión alguna frente a amenazas convencionales; ni siquiera la FANB—mermada por problemas de mantenimiento, entrenamiento y moral—podría sostener un escenario de alta intensidad. Sirve, además, para justificar controles y criminalizar la crítica bajo el paraguas de la “defensa integral”.
En el terreno práctico, lo que sí ha demostrado capacidad coercitiva del régimen no es la milicia, sino actores irregulares aliados —ELN y disidencias de las FARC, entre otros— que operan en zonas grises con economías ilícitas (oro, narcotráfico) y funciones parapoliciales. Ese entramado híbrido es el que asegura control territorial y represión localizada, no una defensa nacional creíble.
Por eso, estos llamados funcionan como propaganda y control social, no como estrategia militar seria. Mientras tanto, el despliegue internacional en el Caribe estrecha las rutas delictivas y encarece la logística criminal, poniendo en riesgo el negocio que ha usufructuado el régimen durante años. La salida responsable no es armar a civiles, sino fortalecer la cooperación regional, documentar delitos, perseguir las finanzas ilícitas y avanzar en la vía penal internacional hasta generar órdenes de captura que permitan responsabilizar a la cúpula—y, sólo entonces, abrir cualquier otra discusión dentro del marco del derecho.
Profesor Carmona-Borjas ¿Cuál cree usted que es la política de EEUU ante el gobierno de Venezuela? ¿Ha logrado descifrar la estrategia hacia esta dictadura, porque algunos sectores creían que iba a ser más fuerte, sólida y proclive a sacarlo del poder?
La línea actual de Washington frente a Venezuela es una estrategia de presión multidimensional con anclaje económico, no una apuesta por la intervención militar. En lo sustantivo, combina: (i) coerción comercial y energética (aranceles y condicionamientos al mercado del crudo venezolano); (ii) ofensiva judicial-financiera (sanciones, designaciones y recompensas); y (iii) cerco operativo regional (interdicción y apoyo a Estados vecinos) para encarecer y aislar la economía política del régimen. La conducción diplomática —hoy bajo el Secretario de Estado Marco Rubio— ha dado ese extraordinario giro hacia una lógica de “máxima presión” actualizada.
En el frente comercial-energético, la Casa Blanca habilitó el uso de aranceles punitivos a países que importen petróleo venezolano, ampliando la caja de herramientas más allá del régimen clásico de sanciones. Al mismo tiempo, licencias a Chevron quedaron restringidas o sometidas a cláusulas que impiden que los ingresos lleguen al aparato de Maduro, modulando incentivos sin reabrir el grifo financiero del régimen.
En el flanco judicial y de seguridad, el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que lleve a la detención y/o condena de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a Tren de Aragua y varios cárteles latinoamericanos, lo que criminaliza apoyos y activa jurisdicciones penales y financieras adicionales. Este andamiaje se refuerza con acciones de OFAC y otras agencias para cortar canales de pago, transporte y blanqueo.
Finalmente, en el entorno regional, EE. UU. sostiene interdicción marítima-aérea y cooperación con países caribeños que no tienen capacidad suficiente para enfrentar redes transnacionales; esto reduce la libertad de movimiento del crimen organizado que financia y protege al régimen, sin cruzar el umbral de una operación de cambio de gobierno. ¿Por qué algunos esperaban más? Porque confundieron esta estrategia de asfixia progresiva —centrada en economía, justicia y disuasión— con una promesa de intervención que el presidente Trump jamás propuso. La hoja de ruta actual apuesta por estrangular la renta ilícita y elevar el costo personal y financiero para la cúpula, hasta forzar concesiones reales o fracturas internas.
¿Usted ve factible la caída de Nicolás Maduro? ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra?
Sí, finalmente la veo factible y cada vez más cercana. El punto de inflexión es judicial: a título personal y en nombre de Arcadia Foundation las acciones que hemos impulsado ante la Corte Penal Internacional sobre la exposición de los hechos de corrupción ética por parte del fiscal Karim Khan —por la participación de su cuñada como abogada del régimen— ha sido un éxito rotundo. Logramos a que la CPI lo obligara a solicitar su excusa de estar al frente de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Venezuela y esa acción ahora despeja un obstáculo que por años frenó decisiones de fondo. Con ese bloqueo removido, se abre la vía para que, en el corto/mediano plazo, la CPI emita órdenes de arresto contra la cúpula del chavismo que son responsables de esos crímenes graves cometidos en contra del pueblo venezolano. Ese paso altera el cálculo de poder: eleva el riesgo personal de los jerarcas (movilidad internacional, activos, cooperación judicial), erosiona lealtades internas y encarece el costo de sostener el statu quo.
En paralelo, la pinza económica-operativa —presión financiera, designaciones criminales e interdicción en el Caribe— asfixia las rentas ilícitas que han sostenido al régimen, reduce su libertad de movimiento y multiplica la exposición penal de sus redes. Con menos dinero, más riesgo y mayor aislamiento, aumenta la probabilidad de fracturas y de una salida negociada o emplazada que desemboque en la transición debida para que asuma el poder nuestra líder María Corina Machado, y finalmente haya justicia para las víctimas. No se trata de una intervención militar, sino de una secuencia de hechos jurídicos y económicos que, acumulados, abren el camino final para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Hay países de América Latina que mantienen nexos políticos, ideológicos y económicos con la Venezuela de Maduro. ¿Cuál sería el impacto para la región?
La red de apoyos políticos, ideológicos y económicos que aún orbitan alrededor de la Venezuela de Maduro profundiza la polarización y entorpece la cooperación contra el crimen transnacional. Cuando gobiernos afines respaldan narrativas y necesidades del régimen —desde la validación diplomática hasta facilidades logísticas o comerciales— se prolonga la vida útil de economías ilícitas (oro, narcotráfico, contrabando de combustibles) y se debilitan los estándares democráticos en foros regionales. El resultado es doble: más fricción con los países que impulsan interdicción y sanciones, y menos capacidad colectiva para cerrar rutas y financiar impunidad. A ello se suma un componente geopolítico: ese entramado también sirve para protegerse mutuamente de escrutinios judiciales y costos reputacionales, postergando reformas internas que la ciudadanía demanda.
Hemos visto una solidaridad activa del gobierno de Honduras con Venezuela, ¿cómo se explica esta relación? ¿Qué tipo de compromisos habrá de uno y otro lado?
Se explica ante todo por afinidad ideológica y cálculo político interno. La retórica de respaldo —incluidas declaraciones recientes de altas figuras hondureñas— busca cohesionar bases propias y posicionarse en el eje de gobiernos que cuestionan la política hemisférica de presión. ¿Qué compromisos puede implicar? Principalmente apoyo discursivo y diplomático (dinero, votos, resoluciones, comunicados), coordinación en foros afines y gestos de cortesía económica si hubiese margen (energía, cooperación técnica). Pero existen límites objetivos: Honduras depende de cooperación con Estados Unidos en seguridad, comercio y lucha antidrogas; por tanto, es previsible que esa solidaridad sea sólo verbal, más simbólica que material. En la práctica, ninguna de estas expresiones cambia el dato central: con el cerco financiero-judicial y la interdicción regional creciendo, se reduce la libertad de acción del entramado que sostiene al régimen venezolano.
Honduras se avoca a elecciones este 30 de noviembre. ¿Usted ve indicios de la influencia venezolana y/o del Foro de Sao Paolo en este proceso tanto para poner en riesgo el proceso o la manipulación del proceso como se ha denunciado que sucedió en Venezuela?
Sí, existen señales de riesgo y deben tratarse con máxima vigilancia democrática. Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, en un clima de desconfianza institucional tras primarias problemáticas y llamados internacionales a reforzar la observación y las garantías del proceso. En ese contexto, es pertinente observar tres vectores. Primeramente, la afinidad político-ideológica: el Foro de São Paulo opera en Honduras con vínculos orgánicos con LIBRE, y su presencia reciente en Tegucigalpa confirma la articulación regional de agendas y relatos, lo que no es per se ilegal, pero sí relevante para el escrutinio cívico.
En segundo lugar tenemos la captura y politización de instituciones clave: la Fiscalía está encabezada por Johel Antonio Zelaya Álvarez, cuya gestión cuestionamos profundamente por vacíos operativos graves en áreas sensibles como la lucha antidrogas. Exigimos actuación pareja y sin sesgos frente a todos los actores políticos, no solo a los que adversan al partido LIBRE. Es imperdonable que el fiscal a estas alturas no haya tomado acciones penales concretas para procesar judicialmente a los responsables del “narcovideo” divulgado en septiembre de 2024 que muestra perfectamente a Carlos Zelaya —cuñado de la Presidente Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya— negociando aportes con narcotraficantes y que él mismo reconoció haber participado de la misma. A confesión de partes, relevo de pruebas. Exigimos al fiscal Zelaya Álvarez diligencias transparentes y oportunas; basta de manipulaciones del poder judicial. La sociedad hondureña tiene derecho a exigir que se procese penalmente a los responsables de esas componendas ilegales.
Y las elecciones del 30 de noviembre la van a ofrecer al pueblo hondureño una oportunidad extraordinaria para rescatar su democracia y retomar la senda del desarrollo económico que el país merece. Tras años de promesas incumplidas —y de un gobierno que se ha jactado de combatir la corrupción mientras profundiza las prácticas que decía erradicar—, el ciclo se agota. Las encuestas reflejan ese desgaste y explican la desesperación que hoy se percibe en las filas de LIBRE.
El camino de salida existe y pasa por opciones serias. Por un lado, el candidato del Partido Nacional, Sr. Nasry “Tito” Asfura, cuya conducta pública intachable contrasta con intentos de judicialización desesperada por motivos políticos por parte del fiscal Zelaya Álvarez motivado precisamente porque el Sr. Tito encabeza todas las encuentras serias del país. Su perfil de gestión y su enfoque pragmático pueden ordenar las finanzas, activar inversión y reducir las causas de la migración que tantos hondureños se han visto forzados a emprender.
Por otro lado, el Partido Liberal tiene la posibilidad real de reconstruirse bajo el liderazgo del Sr. Salvador Nasralla, quien por años ha demostrado un compromiso firme con el país. No obstante, enfrenta retos internos ineludibles: el primero es desvincularse de las influencias nocivas del Sr. Yani Rosenthal, que han erosionado la credibilidad del partido. Recientemente en Arcadia Foundation hemos recibido denuncias documentadas sobre presuntas prácticas fraudulentas de familiares directos del Sr. Rosenthal en perjuicio de empresas estadounidenses por un monto superior al medio millón de dólares; la información y los soportes correspondientes han sido remitidos al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro para los fines legales pertinentes, para reafirmar que el empresariado estadounidense se respeta.
En definitiva, los hondureños tienen en sus manos el poder de lograr las transformaciones que tanto han anhelado. Vean el ejemplo de El Salvador, un país con los índices de violencia más altos del mundo y hoy se perfila como uno de los países más seguros del hemisferio y las inversiones extranjeras le llueven. ¿Por qué Honduras no puede lograr lo mismo? Este es el momento de que los catrachos se tomen el país en serio y a toda costa defiendan el voto y blinden sus instituciones: vigilancia ciudadana en cada mesa, transparencia en el conteo, y cero tolerancia a la manipulación del narcotráfico y la trata de personas, negocios que por años se lucraron del dolor de los hondureños. Con la administración del presidente Trump se ha endurecido el control sobre esas redes y sus rutas; corresponde a Honduras hacer su parte para cerrar definitivamente ese ciclo.
La oportunidad es grande y el mandato es claro: no permitan que les arrebaten la democracia. Participen, cuiden cada acta y respalden a quienes ofrezcan institucionalidad, honestidad y resultados.
En suma, sí hay riesgo de injerencias narrativas y de uso político de instituciones que, si no se contienen, pueden erosionar la integridad del proceso; por eso, además de la observación internacional ya solicitada por diversos actores, desde Arcadia Foundation hemos puesto en conocimiento del Departamento de Estado y otras instancias estadounidenses y europeas la necesidad de monitoreo estricto del desempeño del Fiscal General de Honduras y del árbitro electoral antes, durante y después de la jornada. La regla de oro es simple: piso parejo, transparencia procesal y aplicación imparcial de la ley. Sólo así Honduras blindará sus comicios frente a influencias externas —sean de redes políticas alineadas con Caracas y La Habana o de cualquier otro origen— y frente a maniobras internas que busquen manipular el resultado.
Cada vez más se escuchan voces en el Congreso de EEUU y en la fiscalía de EEUU denunciando vínculos del cártel de los Soles (supuestamente impulsado por Maduro y los miembros de su círculo más cercano) y pagos en Honduras, Guatemala y México para el trasiego de drogas, ¿usted cree que arrecien las denuncias contra gobiernos de Centroamérica?
Sí. El escrutinio va a aumentar: más investigaciones federales, sanciones personales, cancelación de visas, congelamiento de activos y condicionamiento de cooperación donde se acredite connivencia, omisión o beneficio del trasiego. La regla será seguir el dinero y las rutas: quien colabore, se protege; quien encubra, enfrenta consecuencias. Además, la administración del presidente Trump no le temblará el pulso para utilizar los aranceles como herramienta coercitiva para forzar compromisos verificables en la lucha contra el narcotráfico y el respeto a las instituciones democráticas; quien incumpla asumirá costos comerciales.
¿Tiene algún comentario sobre un mensaje que ha publicado en las últimas horas el expresidente de Honduras y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales? (Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del Gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas)
Un tuit del Sr. Mel Zelaya no es prueba. Si es “absolutamente falso”, que se abra a auditoría forense de cuentas del Estado Venezolano, contratos y comunicaciones, con cooperación internacional y acceso a la ruta del dinero. Hasta que haya verificación independiente, su afirmación es como siempre retórica, no un cierre del caso.
El expresidente Zelaya y actual asesor del gobierno dice y cito: El gobierno de la presidente Xiomara Castro ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotráfico: con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios, y la entrega a la justicia de reconocidos capos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por haber conformado un cartel que traficó toneladas de droga hacia ese país. ¿Qué opina usted?
Esa narrativa no resiste una auditoría seria. Los “reconocimientos” puntuales de las administraciones pasadas de Estados Unidos no blanquean la selectividad ni la opacidad del operativo interno: decomisar más no equivale a desmantelar redes, y el único caso emblemático —el del Expresidente Juan Orlando Hernández— fue detenido y extraditado por orden judicial a solicitud de EE. UU., no fue ningún triunfo político de la Presidente Castro. Si el gobierno quiere hablar de “combate frontal”, que abra auditoría forense independiente sobre cifras y cadenas de custodia, publique expedientes y georreferenciación de incautaciones, y procese sin excepciones a todo funcionario y aliado implicado, comenzando por su propio cuñado. Mientras persistan impunidad selectiva, como la que practica el Fiscal Zelaya Álvarez, persecución del adversario y silencios ante denuncias graves, esa etiqueta es propaganda, no política de Estado.
Profesor déjeme mostrarle algo que ha dicho en ese mismo mensaje el expresidente Zelaya al cuestionar “¿Para qué sirven las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad si no pueden hacer prevalecer la paz ni garantizar los derechos de las naciones que la integran?”. Tiene usted algún comentario.
Sirven para fijar normas, registrar violaciones y coordinar respuestas humanitarias, pero hoy atraviesan una crisis moral y de eficacia. El Consejo de Seguridad queda con frecuencia paralizado por el veto de las potencias, y la OEA repite el patrón de consensos diluidos y cálculo político, lo que alimenta la percepción —justificada— de obsolescencia práctica pese a su potencial.
Ante esa parálisis, la vía penal internacional es decisiva. A título personal y en nombre de Arcadia Foundation, impulsamos actuaciones que develaron un caso de corrupción ética en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI): la intervención de la cuñada del entonces fiscal Karim Khan en favor del régimen venezolano. Eso vulneró principios institucionales de imparcialidad, independencia y probidad. La salida formal del fiscal del caso Venezuela I fue el primer paso para restaurar la integridad del procedimiento. Eso lo logramos. De no haberse expuesto esa corrupción ética, la obstrucción para dictar las órdenes de arresto a la cúpula del chavismo habría continuado y la impunidad seguiría amparada por un expediente contaminado.
La salida no es el escepticismo resignado, sino la reforma: transparencia y rendición de cuentas obligatorias, incompatibilidades estrictas y auditorías externas en fiscalías y secretarías; publicidad de criterios, debido proceso y transparencia procesal en nombramientos y recusaciones; límites prácticos al uso abusivo del veto y mecanismos automáticos de remisión a la CPI ante crímenes atroces. Sólo así la ONU y la OEA dejarán de ser foros retóricos para volver a ser instrumentos de protección efectiva. Nuestra lucha seguirá orientada a eso: ética, transparencia, debido proceso y resultados verificables.
