Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llamaron al silencio sobre la denuncia realizada por la directora del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), Sor Valdette Willeman.
EL HERALDO intentó conocer la reacción del canciller de la República, Arturo Corrales, y de la directora de Asuntos Consulares, Ivonne Bonilla, pero se informó que ambos se encontraban en reuniones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras tampoco emitió ningún comunicado sobre la situación de los compatriotas retenidos en las cárceles en Estados Unidos, como señala el canciller de la República cada vez que es requerido por los medios de comunicación.
Willeman denunció que más de 700 compatriotas están retenidos en cárceles y centros de detención de migrantes en Estados Unidos por la paralización en la emisión de salvoconductos que les permita retornar a Honduras (sin pasaporte).
Al igual que la Cancillería, tampoco la Embajada de Honduras en Washington se pronunció ayer sobre las dificultades que enfrentan estos hondureños.
El CAMR denunció que mientras el gobierno no otorga los salvoconductos, los compatriotas sufren el encierro, malos tratos y humillaciones en los centros de detención de EUA.
EL HERALDO acudió ante la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y después de varias llamadas telefónicas realizadas a funcionarios se informó que ninguno estaba disponible.
Las puertas de esta institución incluso se han cerrado a la directora del Centro de Atención al Migrante Retornado, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado el desinterés del Canciller en los temas que tienen que ver con los hondureños deportados desde Estados Unidos.
Willeman ha dicho que ha enviado cartas al secretario de Relaciones Exteriores, que no han sido respondidas, contrario al presidente Porfirio Lobo, quien, según informó la directora del CAMR, se ha comprometido a revisar el tema del trato a los compatriotas que vienen de Estados Unidos.
De acuerdo a la denuncia, los salvoconductos no se otorgan con el único fin de evitar que la cifra de deportados este año sea superior a los 32,000 que se registraron el año 2008 y que representó un récord.
