La Comisión Interventora del Ministerio Público pudo encontrar 90 de los 131 poderosos y lujosos carros asignados a la institución cuyo paradero era desconocido.
La información la confirmó ayer el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios Moya, luego de que la Comisión Interventora se lo notificara.
EL HERALDO denunció que no existía registro claro de lugar en donde estaban asignados 131 carros que la OABI traspasara al Ministerio Público.
Se desconocía si los automotores estaba regularizados, es decir, si se les había cubierto con seguro contra daño y robo, pues la Fiscalía no mandó la documentación solicitada por la OABI para certificarlo.
En junio de 2012 la OABI solicitó al entonces fiscal general, Luis Rubí, que le notificara si los carros estaban regularizados, pero el exfuncionario nunca contestó.
Los carros decomisados y manejados por la OABI y que luego son entregados en depósito a otras instituciones, forzosamente tienen que tener un seguro de daños, según lo ordena el artículo 73 de la Ley de Privación de Dominio.
La búsqueda de los carros comenzó luego de que, mediante decreto legislativo, se suspendiera de sus funciones al fiscal general y al fiscal general adjunto, Roy Urtecho, el 18 abril de 2013.
Se nombró a una Comisión Interventora para que en un plazo de dos meses aplicara una reingeniería en la institución y posteriormente el plazo se amplió 45 días más. El fiscal general y el fiscal general adjunto finalmente renunciaron el 25 de junio pasado.
Redistribución
Tras la localización de los carros, la Comisión Interventora ha procedido a reasignarlos a fin de cubrir necesidades de transporte de los fiscales.
“Ya hay muchos en las fiscalías regionales y departamentales que no tenían medios para movilizarse, pero ahora ya están en operaciones, lo que es un paso positivo, ya que colaboran en el combate de la criminalidad”, expresó Palacios Moya.
El Ministerio Público cuenta con casi 600 fiscales, pero los automotores transferidos por la OABI estaban concentrados en funciones administrativas, principalmente en la oficina del exfiscal general y del exfiscal general adjunto.
Al fiscal Luis Rubí se le habían asignado 24 lujosos carros.
Entre los carros manejados por el exfiscal Rubí estaban seis (6) camionetas Toyota Prado, siete (7) Toyota Hilux 3.0, una (1) camioneta Nissan Navara; una (1) camioneta Hyundai Santa Fe y una (1) camioneta Chevrolet.
Por su lado, a la fiscalía adjunta se le dieron dos Toyotas Prado, un pick-up Toyota 3.0, un Toyota pick-up 2.8, un Nissan Frontier, un Toyota Runner, una camioneta Land Rover y una camioneta Chevrolet.
En resumen, para el personal administrativo se destinaron 54 carros y para el personal operativo 77, lo que, según la Comisión Interventora.
El director de la OABI remarcó que todavía hay varios bienes como barcos y lanchas que no se saben dónde están.
La transferencia de estas riquezas fueron hechas cuando la OABI era una dependencia del Ministerio Público.
Posteriormente, en enero de 2012, la OABI fue adscrita al Poder Ejecutivo.
