Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias (SNE-911) anunció este martes que presentará una querella contra EL HERALDO, como respuesta a una serie de reportajes publicados sobre los contratos relacionados con el proyecto de instalación de 5,000 nuevas cámaras de seguridad.
“El SNE-911 ha determinado realizar una querella criminal por publicidad constitutiva de injurias en contra de los comunicadores que redactaron dichas noticias, así como contra quienes aprobaron su publicación”, detalló la institución mediante un comunicado.
De acuerdo con el organismo, adscrito a la Secretaría de la Presidencia, “EL HERALDO difundió varias notas de prensa en las que, de forma dolosa, informa sobre supuestos actos de corrupción en las adquisiciones del proyecto ‘Seguridad al 100’, con el que el SNE-911 instalará 5,000 cámaras a nivel nacional”.
La institución se refirió a una serie de reportajes publicados entre el martes 14 y el sábado 25 de enero de 2025 por este medio. En el primer artículo, EL HERALDO señaló que el proceso de adquisición de los dispositivos era opaco y carecía de transparencia, argumentando que los contratos no eran accesibles al público ni se entregaban mediante solicitudes de transparencia.
Tras la publicación inicial, el SNE-911 facilitó la documentación requerida, que posteriormente fue divulgada por este medio. A partir de estos contratos e informes, EL HERALDO reveló que el proyecto tenía un costo total de L430 millones. Además, detalló el desglose de la inversión, incluyendo la compra de cámaras, postes, brazos metálicos y otros accesorios necesarios para su instalación, así como la mano de obra.
Asimismo, se reveló que alrededor de 2,100 brazos metálicos que sirven como soporte para los dispositivos se fabricaron en una empresa agropecuaria a un costo de 4.1 millones de lempiras.
Para las autoridades de la Comisión Interventora del 911, “dichas publicaciones han provocado daños a las empresas que son proveedoras de SNE-911, menoscabando su prestigio comercial, lo que les impide ser considerados en otras transacciones mercantiles de los diferentes rubros a los que estas se dedican”.
La adquisición de todo el equipo logístico y tecnológico necesario para realizar el proyecto “Seguridad al 100” se realizó a través de procesos de licitación pública nacional, bajo parámetros establecidos en la Ley de Contratación del Estado y el Código del Comercio, enfatizó la institución.
Igualmente, el Sistema Nacional de Emergencias hizo un llamado al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), “a pronunciarse sobre los daños que sufre la empresa privada a causa del desprestigio mediático a las empresas que participan en los procesos de adquisición del Estado”.
El comunicado fue emitido por la Comisión Interventora del 911, presidida por Miroslava Cerpas, quien recibió en 2019 el premio mundial William D. Zabel por su labor en defensa de los derechos humanos.

Publicaciones
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus denunció el martes 14 de enero la opacidad y la poca transparencia que reinaba en el proceso de adquisición de las cámaras y accesorios, debido a que a esa fecha no había documentos públicos sobre los contratos.
En fecha 12 de noviembre de 2024, el equipo de EL HERALDO Plus solicitó al SNE-911, a través de la petición SOL-SNE-329-2024, una copia de estudios de factibilidad para la instalación de 5,000 cámaras en 100 municipios, distribuidos en 15 departamentos de Honduras.
Además, se pidió copia de los contratos de compra de 5,000 cámaras de vigilancia para el SNE-911 y de contratos para adquisición de postes para la instalación de esos dispositivos.
Hasta ese 14 de enero, es decir, dos meses después, la institución no había respondido a la solicitud, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública otorga a los organismos obligados 10 días hábiles para responder y otros 10 días de prórroga, es decir, un máximo de 20 días (artículo 21).
Además, este medio exploró el portal de transparencia del 911, pero tampoco encontró la documentación requerida, lo que contraviene lo estipulado en la misma ley, en el artículo 13, referente a que las instituciones públicas están obligadas “a difundir de oficio y actualizar periódicamente, a través de medios electrónicos o instrumentos computarizados; a falta de éstos, por los medios escritos disponibles” las licitaciones, los contratos y las actas de apertura de ofertas y adjudicaciones.
Tras la denuncia, el 911 facilitó la documentación completa de forma física el miércoles 15 de enero. A través de una nota, el SNE-911 justificó que no había proporcionado una respuesta a la solicitud de información SOL-SNE-329-2024 debido a la alta carga laboral generada por el cierre fiscal de 2024.
Un día después y a partir de la información contenida en los contratos y un informe ejecutivo, EL HERALDO publicó que el Sistema Nacional de Emergencias estimó que para la instalación de los nuevos dispositivos de videovigilancia se necesita una inversión total de 430.9 millones de lempiras, con un costo parcial estimado en 390 millones de lempiras.
La inversión se desglosa de la siguiente manera: el SNE-911 adjudicó la compra de las 5,000 cámaras a un costo de 121.7 millones de lempiras.
Por postes, materiales y accesorios necesarios para la instalación de este equipo, la institución firmó un contrato por L21.9 millones.
El resto, según se infiere de la documentación, se destinará a pagar la instalación y otros elementos en los 1,200 puntos, es decir L287.4 millones.
Asimismo, el jueves 16 de enero, EL HERALDO publicó que una empresa especializada en la venta de insumos agrícolas, veterinarios y químicos es uno de los proveedores del 911 para el proyecto de 5,000 cámaras.
El equipo periodístico comprobó que uno de los contratos entregados por medio de la licitación pública nacional SEP-SNE911-LPN-002-2024, para la adquisición de postes, materiales y accesorios para la instalación de cámaras a nivel nacional, se otorgó a una empresa sin experiencia en ese rubro.
El contrato, firmado por Cerpas, con fecha 22 de octubre de 2024, establece que la sociedad mercantil Superagro, S de RL de C.V con registro mercantil en Tegucigalpa, fue la encargada de suministrar 2,100 brazos metálicos con soporte a un precio de 4.1 millones de lempiras.


Intimidación
Horas previas a la publicación del comunicado, el 911 dirigió una nota a las oficinas de EL HERALDO con el propósito que se revelara la identidad de los periodistas y los responsables de autorizar la publicación de los reportajes.
Esta solicitud contradice lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Emisión del Pensamiento de Honduras, que consagra el derecho a “no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, así como el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento y expresión, prohibiendo la censura previa y protegiendo el derecho de los periodistas, y de cualquier persona, a investigar y publicar información (artículo 13).
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también señala, en su principio 8, que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Asimismo, la Declaración de Chapultepec, de la cual Honduras es signataria, establece como una prioridad la protección de quienes ejercen el derecho a informar y que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
Igualmente, el 911 solicitó las publicaciones certificadas de los reportajes y las portadas del diario, pese a que los ejemplares están disponibles de forma pública.