Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de tres meses de haberse llevado a cabo las elecciones generales en Honduras, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea Honduras (MOE-UE) finalmente brindó este martes -03 de marzo- su informe final sobre el proceso electoral.
Tras permanecer en el país desde inicios de octubre hasta finales de diciembre, con un despliegue de observadores provenientes de la Unión Europea, Canadá y Noruega, la misión agradeció la invitación para la revisión de este proceso.
Entre los principales hallazgos, la misión señaló que las elecciones se desarrollaron en un clima de alta polarización y tensión política, resaltando las disputas constantes afectaron el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), evidenciando vulnerabilidad institucional ante posibles parálisis e injerencias.
También se reportaron amenazas contra consejeras y magistrados en el período postelectoral.
Expresaron su preocupación por la instrumentalización política de algunas decisiones del Estado, en particular de la Fiscalía General, y por la injerencia de las Fuerzas Armadas (FF AA).
Señalaron que el período postelectoral estuvo marcado por acusaciones de fraude, intentos de desacreditación, protestas y actos de violencia, así como amenazas de confiscación de material electoral y declaraciones políticas que incrementaron la tensión.
Cuestionaron la planificación e implementación, en cuanto a tecnología para la transparencia y trazabilidad del proceso; presentaron deficiencias y señalaron que los mecanismos de control resultaron insuficientes.
Durante el proceso, integrantes de instituciones electorales enfrentaron amenazas, denuncias y presiones, situación que, según el informe, afectó el clima institucional.
Recomendó al Congreso Nacional emprender con suficiente antelación una reforma integral del marco legal electoral, fortalecer la independencia y rendición de cuentas del CNE, mejorar la comunicación institucional y garantizar un entorno seguro para periodistas.
Lectura íntegra del informe
En primer lugar, tendré que expresar mi sincero agradecimiento a las autoridades hondureñas por la invitación dirigida a la Unión Europea para observar este proceso electoral. Asimismo, quiero reconocer y agradecer la colaboración abierta y constructiva de todos los interlocutores del proceso electoral en cada uno de los departamentos donde nuestros observadores estuvieron desplegados.
La Misión de Observación Electoral estuvo presente en Honduras desde el inicio de octubre hasta finales de diciembre con un total de ciento ocho observadores provenientes de la Unión Europea, Canadá y Noruega, desplegados en todo el territorio nacional.
Nuestro mandato consistió en evaluar de manera integral todas las fases del proceso electoral, desde la conformación del censo hasta la validación final de los resultados.
Con la publicación de este informe final, la misión cumple plenamente su mandato. El documento recoge nuestras conclusiones definitivas y formula 24 recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos electorales.
Este informe ha sido compartido con las instituciones electorales, los miembros del Gobierno, los representantes del Congreso Nacional, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. En continuidad con el informe preliminar, publicado dos días después de la jornada electoral, nuestras principales conclusiones señalan que las elecciones se desarrollaron en un clima de alta polarización y tensión política.
Las disputas constantes afectaron el funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral, evidenciando la vulnerabilidad institucional ante la parálisis y las posibles injerencias política.
Observamos también con preocupación la instrumentalización política de algunas decisiones del Estado, en particular de la Fiscalía General, así como la injerencia de las cúpulas de las Fuerzas Armadas en la vida política del país.
La jornada electoral transcurrió en términos generales de forma pacífica, con una participación significativa de la ciudadanía, lo que demuestra el firme compromiso del pueblo hondureño con la democracia. No obstante, el proceso de divulgación estuvo marcado por acusaciones de fraude, intentos de desacreditación, protestas, actos de violencia y sabotajes contra el escenario electoral. Además, hubo amenazas de la Fiscalía General de confiscar material electoral, así como declaraciones diarias del presidente del Congreso sobre la posibilidad de que su comisión permanente anunciara los resultados electorales pasando por alto la autoridad nacional.
La profunda desconfianza entre los principales partidos provocó la adopción de una compleja infraestructura tecnológica con el propósito de reforzar la transparencia y la trazabilidad del proceso. Sin embargo, su planificación e implementación evidenciaron deficiencias importantes y los mecanismos de control resultaron insuficientes para el proceso de divulgación.
Durante todo el proceso, integrantes de las instituciones electorales enfrentaron amenazas, denuncias y procedimientos judiciales, así como presiones contra las instituciones electorales. En el período postelectoral existieron amenazas contra dos consejeras y magistrados del TJE.
Aunque no se formalizaron órdenes de detención, el clima de intimidación persistió asociado a la conducción del proceso y afectó a algunas autoridades, empleados y actores excepcionales. Es fundamental fortalecer la institucionalidad democrática de Honduras, de manera que quienes ejercen responsabilidades electorales puedan hacerlo con independencia, seguridad y transparencia. La legislación electoral presenta deficiencias relevantes que requieren un debate amplio e inclusivo, incluso urgente, para impulsar las reformas necesarias.
Otro aspecto de preocupación fue el entorno en el que operaron los medios de comunicación, caracterizado por la intimidación, las campañas de desinformación y acciones legales. Se registró una retórica hostil contra periodistas críticos por parte de actores públicos y privados. Esta situación, sumada a la debilidad de los mecanismos de protección, afectó el clima de libertad de expresión.
El informe detalla cada fase del proceso y formula 24 recomendaciones dirigidas al Gobierno de Honduras, al Congreso Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral y a los partidos políticos y sociedad civil:
PRIMERO: El Congreso Nacional debe emprender con suficiente antelación a las próximas elecciones la reforma integral del marco legal electoral, corrigiendo inconsistencias y deficiencias e incluyendo a las instituciones electorales y a la sociedad civil en el proceso.
SEGUNDO: Fortalecer la capacidad institucional, la independencia y la rendición de cuentas del CNE, evitando injerencias partidarias y estableciendo salvaguardias que impidan la parálisis política.
TERCERO: Implementar una estrategia eficaz de comunicación institucional del CNE, que garantice información clara, coherente y oportuna, incluida la publicación inmediata de decisiones y la difusión continua de información.
CUARTO: Promover un entorno mediático seguro, libre de intimidación, y garantizar protección efectiva para periodistas en situación de riesgo.
QUINTO: Asegurar la aplicación efectiva de las normativas sobre paridad de género y alternancia en todos los niveles de candidatura, respaldada por mecanismos de supervisión y control.
SEXTO: Adoptar políticas y mecanismos para prevenir y abordar la violencia política de género, tanto en la esfera pública como en los partidos políticos.
SÉPTIMO: Reforzar la apropiación y el control del CNE sobre la gestión de resultados, desarrollando un sistema propio, debidamente probado y auditado con suficiente antelación y con los más altos estándares de transparencia.
