Tegucigalpa, Honduras.- La administración de la presidenta Xiomara Castro amplió por un año más las funciones de la junta interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911.
La extensión del período fue publicada mediante decreto ejecutivo PCM 11-2025 en el diario Oficial La Gaceta, en la edición 36,778 del pasado 28 de febrero.
La decisión del consejo de ministros, según el decreto, es con el propósito de finalizar el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Interventora en materia de seguridad nacional.
La junta interventora, presidida por la abogada Miroslava Cerpas, fue creada en febrero de 2024 con el objetivo de auditar el contrato que la administración anterior tenía con una empresa y así poner en funcionamiento el sistema de vigilancia.
Noventa días después de iniciar funciones, los interventores debían presentar un informe sobre la situación en la que encontraron la entidad y las acciones que harían para resolver, no obstante, el informe no se dio a conocer públicamente.
A pesar de ello, quienes integran la comisión fueron prorrogados en sus cargos por un año más en febrero de 2024. Desde ese entonces es poco o nada lo que se conoce sobre los resultados.
La gestión de Cerpas ha estado marcada por una serie de irregularidades y falta de transparencia en la adquisición de cámaras de vigilancia, así como por amenazas de querellas contra los medios de comunicación.
Cuestionamientos
Ante la falta de resultados públicos que hay en la institución por quienes conforman la junta, organismos de sociedad civil cuestionan la nueva ampliación.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que la creación de juntas interventoras han sido prácticas criticadas anteriormente por el actual gobierno, sin embargo, están haciendo uso de las mismas ahora.
“Son prácticas que se criticaron duramente en el pasado, que no han dejado ningún tipo de resultado positivo, pero son prácticas que se siguen implementando al día de hoy en muchas instituciones, muchas veces lejos de venir y generar soluciones lo que generan son problemas”, dijo.
Agregó que, durante varios años, las distintas administraciones han usado a las juntas interventoras como “apagafuegos” de las instituciones vinculadas a temas de corrupción.
Sin embargo, han sido pocos los resultados que las comisiones han tenido.
“El problema es que las juntas interventoras se manejan con mucha opacidad, con muy pocos resultados, pero con una gran cantidad de gasto que se realiza desde cada una de ellas, y ese es uno de los problemas grandes que se han logrado identificar desde las propias juntas”, dijo.
Desde la primera extensión del período, otros organismos han solicitado a la comisión que muestren los resultados y avances de lo que han hecho.
Uno de ellos fue el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que en 2024 recomendó a la comisión publicar los resultados para que el pueblo hondureño conozca si ameritaba la ampliación de ese entonces.
Son varias las comisiones interventoras que la presidenta Castro creó en instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) con el propósito de resolver los problemas que hay y que aún persisten en esas dependencias estatales.
