La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos convocó a una rueda de prensa para exponer el tema de libertad de expresión, pero paradójicamente limitaron la participación de los periodistas a la hora de hacer las preguntas.
Por más de una hora, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; el comisionado de Conatel, Mauricio Aguilar, y demás miembros que integran la Comisión de Reforma a la Ley de Telecomunicaciones, trataron de justificar lo que para muchos es una “ley mordaza” por vulnerar el derechos de libertad de expresión, emisión del pensamiento y la libre empresa, entre otros.
Durante un poco más de 64 minutos, los panelistas defendieron el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, paradójicamente con el aval de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, entidad cuya finalidad es de velar por el cumplimiento de un derecho humano como la libertad de expresión.
Tras la extensa exposición sobre libertad de expresión solo se permitieron cuatro preguntas a periodistas que llegaron a la sede de dicha Secretaría. EL HERALDO pidió hacer uso del derecho a consultar, que finalmente cedieron; la misma estaba referida a si la propuesta de conformar una comisión reguladora de programación, para muchos de censura, implicaría reformar el artículo 72 de la Constitución, que garantiza la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa.
Visiblemente nerviosa, Pineda no supo responder de inmediato la pregunta, mientras afanada buscaba qué decía la propuesta comparada con lo dispuesto en la Carta Magna. Fue el comisionado Aguilar, de Conatel, quien primero respondió. Argumentó que existe un consenso en América Latina sobre el tema, en que deben existir instancias de regulación. No implica que habrá censura previa, la reforma lo que contempla es la responsabilidad ulterior, tal como lo ordenan tratados internacionales y leyes nacionales, expresó.
Por lo tanto, afirmó, la propuesta de crear una comisión de regulación de programas no transgrede la Constitución.
Enseguida, Pineda coincidió y añadió que la libertad de expresión debe tener límites definidos por el derecho internacional y que la reforma no atenta contra la Constitución.
Menoscabo
La ministra Pineda es criticada por muchos por avalar un proyecto atentatorio a la libertad de expresión.
Aclaró que su rol es de facilitador de la iniciativa, sin negar que la apoya. Pineda admite que la reforma causa un perjuicio. “Lo que hay en el fondo es una propuesta que evidentemente causa menoscabo en los intereses económicos de algunas personas, ya no se va a poder explotar una concesión por 25 años y de manera indefinida en el tiempo, sino que se explotará por 15 años y tendrá que solicitar con antelación si quieren de nuevo seguirla explotando”, dijo. “Evidentemente eso a cualquier persona le causa un perjuicio”, afirmó. La ministra dijo que se consensua con el relator de la ONU, Frank La Rue, quien ya analiza el proyecto, para que visite el país o envíe recomendaciones a Lobo Sosa, previo a remitir el anteproyecto al Congreso Nacional.
Al concluir la rueda de prensa, y ante la limitante de formular preguntas, los periodistas pretendieron entrevistar a la ministra Pineda, sin embargo ella se levantó del asiento y se encerró en su oficina.
