Una propuesta para manejar con transparencia el cuestionado Fondo Social Departamental obliga a los diputados a liquidar todo gasto por insignificante que sea con factura sellada y firmada y presentar fotografías que evidencien el inicio y fin de una obra de desarrollo.
Esta propuesta será presentada después de Semana Santa por organizaciones de la Sociedad Civil al presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, que decidirá si la toma en cuenta o la pasa al baúl de los recuerdos.
El Fondo Social Departamental fue duramente cuestionado el viernes en el marco de un seminario promovido por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh).
El director de este centro, Wilfredo Méndez, dijo que cada diputado recibe un mínimo de un millón de lempiras (400 mil los suplentes) para que supuestamente haga obras en sus comunidades, pero se ha confirmado que en la mayoría de los casos las obras no existen físicamente.
En algunos casos los diputados dicen que los recursos los canalizaron a través de patronatos, pero, a juzgar por las indagaciones, tales patronatos no existen.
En la propuesta, que será entregada a la presidencia del Congreso Nacional, se regula con precisión el destino de los fondos, porque se trata de dineros del pueblo que deben tener un fin social.
Los diputados están obligados a entregar facturas de compra (sin alteración), cuadro de gastos con su comprobante respectivo (sin alteración), evidencia de la terminación del proyecto (fotografías), acta de cierre o de visto bueno de ejecución y recepción del proyecto, con la participación de los beneficiarios. Además, copia de los informes de avance y conclusión elaborados por la Comisión Ciudadana de Transparencia.
Para acceder a nuevos recursos, los parlamentarios deberán acreditar que presentaron los informes del proyecto anterior y que no han sido objeto de reparos por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), organismo que -por cierto- no se ha preocupado por investigar el destino final del Fondo Social Departamental.
El TSC, que depende del Congreso Nacional, nunca ha presentado un informe del resultado de las investigaciones que ha hecho sobre el Fondo Social denunciado por Foprideh y otras organizaciones.
La propuesta para regular el Fondo Social Departamental busca, además, que los congresistas no reciban más de un millón de lempiras en obras de desarrollo.
Los proyecto deben ser específicos, que se vean físicamente, como alcantarillados sanitarios, agua potable, pavimentación, empedrado, reparación y construcción de escuelas, canchas polideportivas, electrificación y reparación y construcción de bienes de uso público.
Los desembolsos para ejecutar el proyecto se harán mediante transferencias bancarias. Cuando las transferencias sean por un monto de medio millón de lempiras se harán en dos partes.
La presidencia del Congreso Nacional será la que al final decidirá qué pasará con este fondo.
Se ha manejado políticamente
El Fondo Social Departamental que anualmente se le otorga a los diputados supera los 400 millones de lempiras.
Por ahora corresponde a la presidencia del Congreso Nacional decidir cuándo, a quién y qué cantidad va a entregar a los diputados beneficiados.
Por lo general, los más beneficiados son aquellos que simpatizan y trabajan políticamente por el presidente del Poder Legislativo, que casi siempre se postula a la Presidencia de la República, mientras el reglamento se lo permita.
Además del Fondo Social Departamental, los diputados reciben subsidios otorgados directamente por el Congreso Nacional.
Todos estos recursos son utilizados, según la sociedad civil, para hacer política para beneficio de un partido o del diputado.
