Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras ha logrado una significativa victoria legal que le permite evitar el pago de una suma millonaria, estimada en 291.256.775.40 lempiras.
En un laudo arbitral unánime, el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa (CCIT) desestimó por completo una demanda que pretendía exigir esta cuantiosa indemnización por daños y perjuicios.
La demanda había sido interpuesta por la Empresa SUMINISTROS, INGENIERA, TECNOLÓGICA, S DE R.L., y apuntaba directamente al Instituto de la Propiedad (IP).
La pretensión de la empresa era obligar al IP a un desembolso que, según la resolución del tribunal, carecía de fundamento legal.
La decisión del Tribunal Arbitral, con fecha del 30 de abril de 2025, fue contundente: declaró "SIN LUGAR" la demanda.
El fallo se basó en la inexistencia de un daño o perjuicio lícito que justificara la reclamación, absolviendo así al Estado de Honduras de cualquier obligación de pago frente a la empresa demandante.
Este desenlace judicial no solo representa un alivio para las finanzas públicas, sino que también establece un precedente importante en la defensa del patrimonio nacional.
La Procuraduría General de la República (PGR), entidad encargada de la representación legal del Estado, fue la artífice de esta defensa.
El Procurador General, Manuel Díaz, destacó la magnitud de los desafíos que enfrenta su institución en el ámbito judicial.
"Los desafíos que enfrenta la representación legal del Estado son gigantescos, una acumulación multimillonaria de procesos nacionales e internacionales que, en su mayoría, tienen características abusivas, arbitrarias y oportunistas", afirmó Díaz.
El procurador subrayó que esta victoria consolida lo que describió como el "carácter soberano y la práctica patriótica de la Defensa Jurídica del Estado".
"Reconocemos los derechos de quien los tiene, pero somos implacables y frontales a la hora de enfrentar el abuso, la instrumentalización y la arbitrariedad", sentenció el Procurador General.
La acción de la PGR y el fallo arbitral refuerzan la estabilidad jurídica del país y la capacidad del Estado para protegerse de pretensiones que buscan obtener beneficios indebidos.
