Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representantes de organizaciones de pacientes presentaron este jueves una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que investigue posibles responsabilidades relacionadas con la suspensión de los servicios médicos en los hospitales del país.
Con la acción se busca que el órgano contralor determine si existen responsabilidades administrativas o económicas entre los profesionales de la salud que, pese a haber recibido sus salarios, presuntamente no están cumpliendo con sus labores durante las asambleas informativas del gremio médico.
Este jueves las asambleas informativas que tienen los galenos por la exigencia del pago de salarios atrasados sumó 39 días, período en el cual la consulta externa de los hospitales públicos ha estado paralizada.
Ante eso, Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la ASJ, explicó que la organización solicita una auditoría especial para establecer qué médicos han recibido sus remuneraciones y verificar si han cumplido con sus obligaciones laborales.
El representante aclaró que no todos los médicos se encuentran en la misma situación, debido a que algunos mantienen pagos salariales pendientes.
Por esa razón, consideró necesario que la Secretaría de Salud (Sesal) proporcione la información correspondiente para determinar cada caso.
Aguilar señaló que la denuncia pretende que el TSC investigue los hechos y establezca si existen elementos para deducir responsabilidades, de acuerdo con los resultados de las auditorías.
La denuncia presentada solicita al TSC una auditoría especial a la Sesal, al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a la Secretaría de Finanzas (Sefin) sobre el ejercicio fiscal 2026.
Que se investigue si hay personal prestando servicios sin respaldo contractual o presupuestario; así como el personal que ha recibido su pago de salario a tiempo que no ha laborado.
También pide identificar a los servidores públicos que autorizaron pagos indebidos o contrataciones sin respaldo presupuestario, deducir las responsabilidades administrativas correspondientes y, si surgen indicios de responsabilidad civil o penal, remitir el expediente a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público.
La petición incluye que el TSC emita recomendaciones para garantizar el pago puntual del personal de salud y que haga públicos los resultados.
Durante la presentación de la denuncia también participaron representantes de organizaciones de pacientes, quienes expusieron las dificultades que enfrentan por la suspensión de consultas y la falta de medicamentos esenciales.
Melba Castellón, presidenta de la Asociación Hondureña de Esclerosis Múltiple (Asohem) y representante de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor (FEMA), explicó que las personas que padecen esta enfermedad necesitan seguimiento médico constante y atención de diferentes especialistas.
Por su parte Blanca Munguía, directora del sector salud de la ASJ, lamentó las consecuencias que la paralización de los servicios médicos está provocando entre la población, especialmente en las familias que dependen exclusivamente de la atención sanitaria pública.
"Lamentamos profundamente el dolor que hoy están viviendo los pacientes y sus familias; la falta de atención médica no afecta a la Secretaría de Salud ni al Gobierno, afecta al pueblo", manifestó.
La representante de la organización advirtió que las consecuencias son mayores para las personas de escasos recursos económicos, quienes tienen menos posibilidades de acudir a hospitales privados para recibir consultas, tratamientos o procedimientos que necesitan.
“Estamos hablando de la población más pobre, la que tiene menos oportunidades, y para ellos cada consulta cancelada se traduce en una mayor probabilidad de morir”, expresó Munguía.
De acuerdo a las autoridades sanitarias, con las asambleas informativas se han dejado de atender más de 40,000 consultas externas en los hospitales públicos del país.
Además se han dejado de realizar unas 4,000 cirugías electivas, lo que esta incrementando la mora quirúrgica en los establecimientos sanitarios.
En ese sentido las organizaciones hicieron un llamado al Colegio Médico, a la Sesal, a la Sefin y a la Presidencia de la República a retomar sin más demora la mesa de diálogo y a construir una salida que atienda las demandas laborales sin que el costo lo sigan pagando los enfermos.
