Los asistentes a un foro en el que se debatió el tema de las reformas constitucionales sobre el juicio político, la corte constitucional y el rol de las Fuerzas Armadas, concluyeron ayer que no es el momento propicio para hacerlas operativas debido a que Honduras está inmersa en un proceso electoral.
El foro fue organizado por la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (USCVR), la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional y la Dirección de Vinculación de la UNAH-Sociedad Civil.
Mecanismos de solución
De acuerdo con los organizadores, el foro tuvo el propósito de “promover el debate sobre la perspectiva del ordenamiento nacional y el derecho comparado sobre el fortalecimiento de la justicia constitucional como mecanismo de garantía de los derechos fundamentales y resolución de conflictos de competencia entre los poderes del Estado, el establecimiento de un mecanismo constitucional para procesar graves crisis presidenciales y la revisión del rol arbitral de las Fuerzas Armadas en el sistema político hondureño”.
El foro fue presidido por la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, y Rolando Sierra Fonseca, director de USCVR.
Disertaron el diputado Oswaldo Ramos Soto; el director de la UNAH-Sociedad Civil, Rolando Sierra Fonseca; y Andrés Pérez Munguía, analista constitucional de la USCVR, quien se refirió a los hallazgos de la Comisión de la Verdad que hablan sobre reformas constitucionales, señalando que “a tres años de la crisis presidencial y del golpe de Estado de 2009, la constitución hondureña no cuenta con las herramientas básicas para procesar una crisis futura de las mismas características y envergadura”.
El foro contó con la participación de los conferencistas internacionales Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado de la Corte Constitucional de Guatemala, y Jesús María Casal Hernández, exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.
Los expositores hicieron un repaso de la experiencia vivida en sus respectivos países con la existencia de tribunales de justicia constitucional comparada con el derecho hondureño.
Ambos panelistas recomendaron tomar en cuenta que la realidad política de Honduras no es comparable con la de Paraguay, Venezuela, Chile y otros países.
Indicaron que las reformas deben ser el producto de un consenso nacional donde no se imponga la voluntad de grupos de poder sino de toda la hondureñidad.
Producto del consenso
El profesional Ramón Romero, que se encargó de sintetizar las principales ideas expuestas en el foro, coincidió en que se debe dar seguimiento al debate en forma racional, académica y objetiva.
En tanto, algunos participantes en el evento coincidieron en que no se debe improvisar al momento de crear estas figuras.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, indicó que estos proyectos deben ser solicializados ampliamente y que en caso de la Corte Constitucional, esta reforma solo podrá producirse hasta que la actual Corte Suprema de Justicia cumpla su período constitucional en 2014, o sea, hasta después de las elecciones.
Igual, el diputado del partido Innovación y Unidad, German Leitzelar, destacó que los temas debatidos se deben analizar con mayor profundidad para ver si caben en el contexto político y si no interfieren en las normas pétreas que contiene nuestra Constitución de la República.
El excoordinador de la CVR, Eduardo Stein, admitió que por tratarse de temas muy complejos, demandan de una profunda socialización y destacó que es importante que ya se inició el debate.
Stein dijo también que la creación de figuras como la que se plantea tarda y esto no puede llevarse a cabo en semanas o meses, pero lo importante es que ya se está discutiendo y hay voluntad en el Congreso Nacional.
Durante el foro, los asistentes cuestionaron que la corte constitucional pretende ser instaurada como un poder supremo, por encima del Poder Judicial. Ante eso se preguntaron: ¿quién cuestionará las decisiones de una corte constitucional?
