Tegucigalpa, Honduras.- Al menos nueve vuelos con migrantes a bordo han obligado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar medidas para enfrentar la creciente llegada de deportados al país.
El canciller Eduardo Enrique Reina ha enfatizado que el gobierno de Castro, además de recibir a los migrantes con un programa de apoyo, también busca fortalecer lazos con el sector privado para responder a la demanda de empleo.
En conferencia de prensa, el canciller abordó la problemática migratoria en Honduras y destacó que la migración es un derecho que no debe ser criminalizado.
“Como en todas las sociedades, existen personas que cometen delitos y deben ser atendidas de manera puntual”, dijo Reina.
Reina justificó que la crisis migratoria por la que atraviesa el país no es nueva: “El golpe de Estado y el narcoestado en el que estuvimos también provocaron la salida de miles de hondureños”.
Lo cierto es que con la llegada del expresidente estadounidense Donald Trump, quien impuso estrictas medidas migratorias, Honduras ha sido uno de los países más afectados desde que asumió el poder.
“La historia nos ha demostrado que, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional creó un cartel que generó violencia y corrupción, lo que provocó la salida de cientos de hondureños”, afirmó el canciller.
Reina argumentó que las cifras hablan por sí solas, citando que en 2021 el gobierno pasado recibió “350,000 deportados de Estados Unidos”.
“Hoy surge una nueva realidad, y la presidenta ha creado un programa que tiene varios componentes. Esperamos que se emita un decreto que detalle todos los pasos”, reconoció.
“Hermano, vuelve a casa” es el programa de apoyo creado por el gobierno de Castro, que ofrece un bono de 100 dólares a los retornados y 1,000 dólares adicionales como capital semilla.
Reina, junto al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, ha sostenido reuniones con representantes de las Cámaras de Comercio y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Tras estas reuniones, se han alcanzado acuerdos. El Cohep prometió crear 350,000 empleos para los hondureños deportados de Estados Unidos.
Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, indicó que el sector agrícola necesita mano de obra, ya que rubros como el café, que registra precios históricos por encima de 300 dólares por quintal, enfrentan problemas por la escasez de cortadores, lo que ha obligado a contratar trabajadores de Nicaragua y El Salvador.
