Diez exfuncionarios fueron acusados por el Ministerio Público (MP) por incurrir en actos de corrupción. Las presuntas acciones ilícitas se cometieron en el gobierno de Manuel Zelaya.
En uno de los casos, la Fiscalía contra la Corrupción interpuso un primer requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado.
Se acusa al excoordinador del Programa Praf-Salud, José Alfredo Sarmiento Zelaya; la madre de este, Leticia Rosmery Zelaya Gómez, y Luis Fernando Varela Moncada, informó Melvin Duarte, portavoz del MP. Según los hechos, Salud suscribió un convenio con el Praf para la extensión de la cobertura sanitaria, en ese entonces el ministro era Orison Velásquez (QDDG).
Se presume que en la ejecución del mismo se habría hecho mal uso de 140 millones de lempiras. La Fiscalía contra la Corrupción concluyó una etapa de la investigación, contenida en el expediente 227-07.
'En este requerimiento se está acreditando aproximadamente unos siete millones', dijo Duarte. En la acusación interpuesta ante el Juzgado Penal se pide el aseguramiento de los bienes incautados, muebles e inmuebles, y se ordene la detención de los imputados.
Por esta denuncia la Fiscalía ya había interpuesto requerimiento fiscal contra otros exfuncionarios de Salud.
Caso Comuca
La Fiscalía contra la Corrupción interpuso ayer otro requerimiento por presuntas irregularidades en la ejecución de tres convenios suscritos entre la Secretaría de Gobernación y el organismo no gubernamental Consultores Municipales Centroamericanos (Comuca).
De acuerdo a la investigación, existiría un mal manejo de 23 millones de lempiras destinados para financiar proyectos de desarrollo local, por medio de municipalidades. Se constató que no existe sustento documental de los gastos ejecutados.
Por tal razón se interpuso requerimiento fiscal en contra de Patricia Magdalena Galindo Flores, César Alfonso González Alcántara, José Orlando Guevara y Ana Eugenia Sánchez, directivos de Comuca.
Fueron acusados por suponerlos responsables de los delitos de uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos y fraude continuado, informó.
Asimismo, la Fiscalía acusa a Gladys Argentina Alcántara López, exgerente administrativa de Gobernación, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, y a María Sagrario Gutiérrez, como coautora de uso de documentos falsos, malversación de caudales y fraude. La Fiscalía contra la Corrupción pide al Juzgado Penal que se libren órdenes de captura contra los imputados.
Finalmente, en la Fiscalía contra la Corrupción se informó sobre la acusación contra el subgerente de Fosovi, Dorian Romero Acosta, por fraude y abuso de autoridad, por presunto traspaso irregular de áreas verdes en la capital a favor de particulares.
