La dirigencia magisterial inició este martes una nueva batalla legal en contra del Estado de Honduras.
Los profesores interpusieron un reclamo administrativo ante la secretaría general del ministerio de Educación para exigir el pago del aumento salarial correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012. Los docentes no han recibido incrementos durante esos años.
En total, según los datos que maneja Bertín Alfaro, presidente del Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh), a los maestros se les adeuda cerca de 55,000 millones de lempiras.
Ese monto, apuntó Alfaro, corresponde a unos 25 mil millones de lempiras por concepto de incremento y beneficio de colaterales como zonaje, calificación académica y otros que se han visto afectados por la falta de mejora salarial.
Los restantes 30 mil millones son por concepto de intereses.
Esta nueva acción legal del magisterio plantea un nuevo frente de lucha en el sistema educativo, que se suma a la pugna por la derogación de la Ley Fundamental de Educación y la Ley del Inprema.
El gobierno ha demostrado que no cuenta con los fondos necesarios para hacer frente ni siquiera a los compromisos de los pagos salariales mensuales de los maestros (actualmente se debe el salario de mayo a maestros de cinco departamentos) y mucho menos tiene recursos para enfrentar una petición de este tipo.
De hecho, el gobierno mantiene una deuda, acumulada desde 2010, con el sector magisterial que supera los 200 millones de lempiras.
Esto a todas luces apunta a que una vez más podría estar en peligro el cumplimiento de los ansiados y añorados 200 días de clases porque desde ya la dirigencia amenaza, una vez agotadas todas las instancias legales, con ejercer medidas de presión para hacer prevaler su derecho.
El ministro de Educación, Marlon Escoto, reaccionó a esta nueva pretensión magisterial y aseguró que “he revisado el documento y es una solicitud de un colegio donde el apoderado legal hace una sumatoria que no sabemos de dónde se origina, pero que está lejos de cualquier realidad; es cierto que en los últimos tres años no se han dado aumentos salariales a los docentes, pero eso no equivale a ese valor, esa es una solicitud que no pertenece a todo el sector magisterial”.
El decreto transitorio
El gobierno emitió el decreto número 224-2010 mediante el que se desindexaron los aumentos de los maestros del incremento al salario mínimo, tal y como se estipula en el Estatuto del Docente, argumentó Alfaro.
En el artículo 6 de este decreto se menciona que el mismo tendría una vigencia de un año a partir de la publicación (29 de octubre de 2010), alegó Alfaro, y por tanto al continuar negándole los aumentos a los maestros se violaron sus derechos.
“De acuerdo al Código del Trabajo, en el artículo 491, tenemos facultades, como sindicato, para abogar y exigir el respeto de los derechos de los maestros, no importa que no sean afiliados al sindicato”, amplió Alfaro, con lo que dejó claro que la petición beneficiaría a los casi 54 mil maestros de todo el sistema.
El salario más bajo de un profesor de educación primaria (en una jornada) ronda los 8,000 lempiras mensuales, mientras que en educación secundaria puede ganar cerca de 12,000.
Aumento por productividad
Para Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia, el magisterio nacional tiene todo el derecho a recibir un aumento salarial como cualquier ciudadano.
“Sin embargo, consideramos que en este momento no se puede realizar un aumento salarial sin antes hacer una verdadera depuración en el sistema, ya que de hacerlo se seguirán beneficiando los más de 10,500 docentes fantasmas que nadie sabe dónde están y que le han robado al pueblo cantidades industriales de dinero”.
Tampoco es correcto hacer aumento de manera equitativa, deberá hacerse de acuerdo a su rendimiento y productividad en el ejercicio de sus funciones, mediante una verdadera supervisión y evaluación docente, planteó Martínez.
El ministro de Educación, Marlon Escoto, recordó que durante el pasado mes de abril se detectó la presencia de unos seis mil maestros que no pudieron comprobar que impartían clases en los centros educativos.
Desde entonces, la Secretaría de Educación reportó una merma en la planilla de maestros, pasando de 60 mil a 54 mil profesores.
Plazo de 60 días
El presidente del Sinprodoh advirtió que la ley tipifica un tiempo de 60 días para que la Secretaría de Educación promueva acciones conciliatorias (una audiencia) en torno a la demanda, caso contrario “acudiremos a las instancias que nos faculta la ley, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia”.
Leopoldo Romero Banegas, apoderado legal del Sinprodoh, comentó que la próxima instancia es acudir ante el Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
“Es importante destacar que esta acción también violenta tratados internacionales porque ha discriminado salarialmente a los maestros en relación a los otros empleados públicos, que sí han recibido mejoras salariales”, apuntó el abogado.
