El balance preliminar de las organizaciones civiles que realizan un monitoreo de la actividad legislativa concluye que el primer semestre de la presente legislatura fue errático, en términos de aprobación de leyes.
Una gran cantidad de decretos aprobados fueron impugnados ante la Corte Suprema de Justicia y en otras propuestas de ley que el oficialismo pretendió aprobar a la carrera fueron frenados por la oposición liberal y la Alianza Parlamentaria, compuesta por diputados disidentes del oficialismo del Partido Nacional.
A esto se suma que el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha dejado de asistir a las sesiones por dedicarse plenamente desde el inicio del año a la campaña por conquistar la candidatura presidencial del Partido Nacional.
Otro hecho que ha marcado la actividad del Congreso en los primeros seis meses es el ausentismo de los diputados, el rompimiento de quórum a la hora de sesiones y la impuntualidad de directivos y congresistas a la hora de iniciarlas.
Impugnaciones
Entre las leyes que se encuentran impugnadas está la de Seguridad Poblacional, más conocida como el “tasón”, la Ley del Inprema y la misma Ley Fundamental de Educación.
La Corte Suprema ya se pronunció a favor de los empresarios sobre un recurso presentado a fin de declarar la inconstitucionalidad de la ley del uno por ciento sobre el impuesto sobre la renta, por haberlo aprobado de forma retroactiva.
En cuanto a la Ley del Inprema, las autoridades del Congreso han admitido que están dispuestas a introducirle reformas, en una aparente acción de cálculo político.
Los maestros han presentado recursos de inconstitucionalidad, según ellos, porque esta ley afecta en forma directa disposiciones constitucionales y por ello debió observarse antes de su aprobación lo que ordena el Artículo 64 de la Constitución de la República, donde se afirma que no se pueden aplicar leyes que disminuyan, restrinjan o tergiversen derechos establecidos por la Carta Magna.
Los líderes magisteriales consideran que la nueva Ley les ha dañado y afectado sus conquistas, que a su vez están amparadas por la Constitución.
Diputados de la oposición han calificado como un grave error que se pretenda aplicar reformas a la Ley del Inprema por demagogia política.
Confiando que los recursos prosperarán, los maestros han comenzado a preparar un proyecto para una nueva ley, de manera que lo aprobado sería tiempo perdido y un sacrificio nulo de parte de la niñez.
El Congreso también se ha visto obligado a retroceder en “golazos”que se pretendieron aprobar contra la población, entre ellos la tasa de seguridad aeroportuaria y el “negoción” de 700 millones para una nueva tarjeta de identidad.
