“La violencia no construye, tampoco la demagogia”, era el eslogan utilizado por el movimiento paramilitar encabezado por el coronel Armando Velásquez Cerrato, a finales de los años cincuenta, contra el gobierno constituido por el doctor José Ramón Villeda Morales y el Partido Liberal.
La población vivió meses de zozobra; estallaron bombas caseras en cines, edificios, parques y otros lugares públicos; por la radio se transmitían mensajes alarmantes de imaginarios movimientos de tropas sediciosas que supuestamente avanzaban victoriosas en varios operativos a lo largo y ancho del país; la economía obviamente sufría los embates de la chismografía popular y aunque no existían las redes sociales, Radio Bemba se encargaba de atizar la hoguera de la intranquilidad popular.
Todo este drama terminó con el frustrado intento de asaltar la policía nacional y otras instituciones militares, pero el fracaso fue rotundo y solo quedó el triste recuerdo de decenas de humildes ciudadanos que perdieron su vida defendiendo a sangre y fuego la incipiente democracia Hondureña.
Traigo a colación este pasaje histórico pensando en los irreparables perjuicios que los últimos disturbios callejeros han provocado a humildes e inocentes comerciantes a quienes, a decir verdad, poco o nada les ha importado quien gana o quien pierde en el actual proceso electoral; porque, total, nunca han experimentado una prosperidad derivada de sanas políticas de administración pública, de nuestros gobiernos sucesivos.
Si no fuera por sus propios sacrificios la vida solo les hubiera deparado miseria y tristezas.
Pero condenable hasta rabiar es pensar que detrás de esta sinfonía de destrozos insensatos pudiesen estar mentes diabólicas que todavía creen que el poder debe alcanzarse, a como dé lugar, sin importar cuantos inocentes puedan caer entre las patas del corcel de la ignominia.
La violencia callejera solo provoca la violencia represiva. No caigamos en la estupidez justificando estos actos vandálicos por la existencia de otros desaciertos y corrupción de esta o anteriores administraciones. Un delito jamás podrá justificar otro delito.
