Honduras

La hondureña Digna Valle acuerda delatar a cómplices en el narcotráfico

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06.04.2015

Tegucigalpa, Honduras

Además de aceptar los cargos de tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, la hondureña Digna Azucena Valle Valle se comprometió con la Fiscalía a dar toda la información sobre sus nexos en Honduras, sin proteger a ninguna persona o entidad.

Valle Valle fue capturada en Miami el 24 de julio de 2014 por el servicio de alguaciles. Su detención permitió la desclasificación del caso 13-20897-CR-DIMITROULEAS, el cual reveló que Estados Unidos le había incoado un proceso judicial por tráfico de drogas, incluyendo a sus hermanos Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle y a su hijo Gerson Stanley Ortega Valle.

Meses después, Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle fueron capturados por las autoridades hondureñas y extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan juicio no solo en Florida, sino también en el estado de Virginia.

Luego de su captura, el juicio contra Digna Azucena Valle Valle comenzó el 8 de septiembre y este próximo 29 de abril será sentenciada a una pena que iría entre los 10 años de prisión y la cadena perpetua.

Acuerdo

Según documentos en el expediente judicial, la acusada, con el fin de alcanzar una reducción de la pena, acordó con la Fiscalía declararse culpable y colaborar proveyendo información precisa sobre quiénes eran sus contactos y protectores en la distribución de drogas y en el lavado del dinero.

El escrito, en inglés y en traducción libre, señala que la acusada se declararía culpable de conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, a sabiendas de que esta sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación del título 21 sección 963 del Código de Estados Unidos.

En el documento que firma ella acepta estar consciente de que a pesar del acuerdo con la fiscalía será el Tribunal el que emitirá cualquier sentencia dentro y hasta el máximo legal autorizado por la infracción señalada.

Ella reconoce que la Corte podrá imponer una pena mínima obligatoria de prisión de diez años y un plazo máximo legal de cárcel perpetua, sumando a esta una multa de 10 millones de dólares.

Además, Valle Valle entiende y reconoce que el tribunal no tiene obligación de ningún tipo para reducir la pena por la cooperación del acusado.

Aun así, en el numeral siete del pacto ella acepta “que cooperará plenamente con esta oficina por: (a) proporcionando información y testimonio veraces y completos, y en la producción de documentos, registros y demás evidencias, cuando sea llamada por esta oficina, ya sea en entrevistas, ante el gran jurado, o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial; (b) que aparecen en tales procedimientos del gran jurado, audiencias, el juicio y otros procesos judiciales, y en las reuniones, como puede ser requerido por esta oficina, y (c) si se solicita por esta oficina, trabajando en un papel encubierto bajo la supervisión de, y en cumplimiento de los agentes del orden.

Además, el acusado está de acuerdo que no va a proteger a ninguna persona o entidad a través de información falsa u omisión, que no va a implicar falsamente cualquier persona o entidad, y que no va a cometer ningún delito más”.

A más tardar en el momento de la audiencia de sentencia, el acusado ofrecerá a Estados Unidos una declaración escrita veraz exponiendo toda la información y evidencia en lo relativo al delito o delitos de que era parte.

Estados Unidos y el demandado están de acuerdo en que, si bien este acuerdo no es vinculante para la oficina de libertad condicional o el tribunal, al momento de emitir la pena estas entidades pueden hacer sus propias constataciones tomando en cuenta “la cantidad de narcóticos implicados en el delito y para efectos de la sección 2D1.1 ( a) y (c) de las directrices de la sentencia es de más de 450 kilogramos”.

“Este es el acuerdo completo y el entendimiento entre esta oficina y el acusado. No existen otros acuerdos, promesas, representaciones o entendimientos”, dice el documento firmado el 18 de febrero de 2015 por Digna Azucena Valle Valle, por su defensora Silvia Piñera Vázquez y por Michael B. Nadler, asistente del fiscal de Estados Unidos.