Tegucigalpa, Honduras.- Johel Zelaya llegó ayer al Congreso Nacional a defenderse de las acusaciones que lo mantienen suspendido como fiscal general, pero su primera comparecencia ante la comisión especial dejó más evasivas que
respuestas.
Durante varias horas de audiencia, el funcionario no contestó con precisión varias preguntas de fondo sobre su actuación en la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y la falta de acciones contra actores señalados, mientras protagonizaba choques con varios diputados de la comisión.
Sentado solo frente a los nueve congresistas que integran la comisión, en el Salón de Retratos del Legislativo, Zelaya fue más confrontativo que técnico.
En vez de desmontar con claridad los señalamientos en su contra, recurrió varias veces a fórmulas generales, trasladó responsabilidades a terceros y respondió con argumentos políticos y personales a interrogantes que exigían explicaciones puntuales.
Según expertos consultados por EL HERALDO, su intervención en este juicio político, inédito en Honduras, agravó su posición y lo mostró debilitado ante la comisión, incapaz de sacudirse los principales cuestionamientos de forma y de fondo.
Uno de los puntos más delicados surgió cuando admitió que ordenó el secuestro de documentos de interés del Consejo Nacional Electoral (CNE), una de las decisiones que hoy forman parte del juicio político.
“Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés”, afirmó.
También reconoció que fue el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien le entregó la memoria USB con audios que después dieron pie a actuaciones del Ministerio Público.
Sin embargo, al momento de explicar el tratamiento técnico de ese material, no logró despejar las dudas. Zelaya aceptó que no se juramentó a ningún perito, aunque insistió en que “los audios son reales”, sin explicar con precisión cómo llegó a esa conclusión ni cómo sostuvo la validez probatoria de ese
insumo.
Respuestas evasivas
La conducta evasiva se volvió más visible cuando el diputado nacionalista Kilvett Bertrand lo cercó sobre la falta de requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Bertrand le preguntó de forma directa si no estaba de acuerdo en que violentó la ley al no aplicársela al consejero. Zelaya evitó responder al fondo y se limitó a decir: “En ningún momento he infringido la ley”.
Más adelante, cuando le volvieron a preguntar si debió actuarse contra Ochoa por el retraso del calendario electoral, el fiscal suspendido volvió a eludir una respuesta concreta. “La investigación está ahí”, contestó, sin explicar por qué no hubo una acción más contundente desde el Ministerio Público.
La misma dificultad para responder con exactitud quedó en evidencia en los intercambios con los diputados liberales Francis Cabrera y Jorge Cálix. Cabrera le planteó una comparación difícil de esquivar: por qué en un caso derivado de un audio sobre un supuesto complot para matar al expresidente Manuel Zelaya hubo requerimiento fiscal en apenas 10 días, mientras que en el caso “Chequesol”, también basado en un audio de personajes reconocidos, el requerimiento tardó alrededor de siete meses.
Frente a ese señalamiento, Zelaya se limitó a decir que eran “contextos distintos”. Luego Cálix insistió en el mismo punto y dejó resumido el reproche
político que flotó durante la audiencia.
“En una sale gente de Libre, en la otra no”, dijo. Zelaya no fue más allá de fórmulas generales y no logró desmontar la sospecha de trato desigual.
Choques sin explicaciones
La comparecencia ya había subido de tono con el parlamentario nacionalista Antonio Rivera Callejas, quien lo encaró por la legalidad de su nombramiento como fiscal general.
Rivera le preguntó por qué aceptó el cargo si no existía falta absoluta y si consideraba válido que la Comisión Permanente, con nueve miembros, sustituyera al pleno del Congreso Nacional en una decisión de ese nivel.
Zelaya no respondió de entrada al fondo del cuestionamiento. Intentó desviar el intercambio con una contrapregunta y Rivera lo detuvo de inmediato.
“Yo soy el que pregunto aquí”, le dijo. El cruce se tensó aún más cuando el fiscal suspendido lanzó una frase directa: “Su hipocresía es grande”.
También ya había protagonizado un momento áspero con la diputada liberal Luz Ernestina Mejía.
Cuando ella lo cuestionó, Zelaya le replicó que estaba “mal informada”, lo que llevó a la legisladora a pedirle que no insultara la inteligencia de los diputados.
A lo largo de la jornada, esa fue la imagen dominante: en vez de una defensa técnica, cerrada y precisa, Zelaya ofreció una comparecencia cargada de tensión, respuestas incompletas y salidas confrontativas ante preguntas puntuales. Tras la intervención de Zelaya, la audiencia continuó con la participación de siete testigos, cuyas exposiciones añadieron más elementos sobre la gestión, las formas y el fondo de las decisiones adoptadas por el fiscal suspendido.
Sus comparecencias ampliaron el foco del juicio político más allá del careo con los diputados y llevaron al expediente detalles relacionados con la conducción institucional del Ministerio Público y con actuaciones específicas bajo su mando.
Esa segunda parte de la jornada reforzó la dimensión del proceso: no se trató solo de escuchar la versión de Zelaya, sino de empezar a contrastarla con otros testimonios y con elementos que la comisión usará para construir el informe que deberá elevar al pleno del Congreso Nacional.
Penas en juego
El trasfondo del caso también elevó la gravedad política y penal del juicio.
En la lista de cinco delitos atribuidos a Johel Zelaya, cuatro sí contemplan pena de prisión expresa en el Código Penal hondureño y uno, aunque supone responsabilidad penal y administrativa, castiga con inhabilitación para ejercer cargos públicos, no con cárcel.
Uno de los señalamientos es descubrimiento y revelación de secretos por interceptar telecomunicaciones. Ese delito sí conlleva cárcel.
El artículo 272 del Código Penal establece una pena de uno a tres años de prisión y multa para quien, sin consentimiento, intercepte telecomunicaciones o use medios técnicos de escucha, transmisión o grabación para vulnerar la intimidad de otra persona.
Otro de los cargos es violación de los deberes de funcionario. Aquí hay una precisión técnica.
Aunque el artículo 499 está dentro del capítulo de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, la sanción prevista no es cárcel, sino inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años para el funcionario que omite, rehúsa o retarda actos propios de sus funciones, incumple órdenes legítimas o no presta el auxilio debido.
El tercer señalamiento es coacción y amenaza electoral. Ese sí contempla pena de prisión. El artículo 542 castiga con cuatro a seis años de prisión a quien impida el ejercicio de derechos electorales, obstaculice locales públicos necesarios para el funcionamiento de organismos electorales, altere propaganda legítima o impida a los órganos electorales y sus miembros cumplir con sus funciones.
El cuarto cargo es delitos electorales por obstaculización del cronograma electoral. También tiene pena de prisión.
El artículo 544, numeral 19, sanciona con cuatro a seis años de prisión a quien obstaculice el desarrollo del cronograma electoral. Si el hecho es cometido por funcionarios o empleados públicos, la norma añade inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la pena.
