El Ministerio Público (MP) mantiene activo un expediente investigativo con el fin de deducir responsabilidades a oficiales de la DNIC que encubrieron y protegieron
a los policías que asesinaron a los universitarios Carlos David Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos.
Luego de que el exagente de policía José Rubén Pozo ofreciera un testimonio en audiencia de declaración de imputado, ante jueces, fiscales y defensores, se derivó la ampliación de las indagaciones.
En su versión ofrecida en diciembre de 2011, a la que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO la semana pasada,
Pozo declaró que un oficial y un suboficial de la DNIC ayudaron a los policías sospechosos del crimen a fabricar sus declaraciones y que solo la firmaran, para luego ser presentadas ante fiscales y jueces.
El MP acusa a ocho policías por el crimen de los universitarios, por los delitos de asesinato robo y abuso de autoridad.
Los acusados, a título de coautor, son: Martín Ortez, Manfredo Fúnez, Donato Mancía y Wilson Córdova, quienes fueron los primeros en ser puestos a la orden de los tribunales y, por tanto, guardan prisión en la Penitenciaría Nacional, de Támara.
Asimismo, fueron acusados: José Rubén Pozo, Santos Arnulfo Padilla, Wilfredo Figueroa Velásquez y el subinspector Carlos Geovanny Galeas; los dos primeros están recluidos en unidades militares, los dos restantes son prófugos de la justicia.
Con este encubrimiento
se desligaba la participación de los policías involucrados en el crimen, sin embargo, el MP recabó evidencias que demostraron su participación en el crimen.
Pozo identificó a los dos oficiales de la DNIC, que obstruyeron la investigación de este caso, como “un alto peludo con gorra y el suboficial trigueño”.
El testimonio que brindó Pozo es del conocimiento de los fiscales, quienes incoaron primeras acciones en los tribunales.
En su momento, la Fiscalía acusó al extitular de la DNIC, Marco Tulio Palma, así como el exjefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Barralaga.
Los oficiales son acusados por violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y encubrimiento, por la fuga de policías implicados en el crimen.
La entonces fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, autorizó que se acusara a Palma Rivera por ser el responsable de la DNIC. El caso está suspendido por un amparo interpuesto por la defensa.
El expediente continúa abierto, afirmó el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado. Por lo tanto, no descarta incoar más acusaciones contra otros oficiales por la protección que brindó la DNIC a los policías asesinos.
Identificados
La Fiscalía ya tiene identificados quiénes serían los dos oficiales que habrían protegido a los policías asesinos. Justificó que aún no son acusados porque resta recabar evidencias que respalden la acción penal.
“No solamente es el dicho de una persona equis, eso debe respaldarse con otro tipo de información”, expresó.
“Se hace una investigación en el sentido contextual, debemos respaldar las imputaciones que formulamos”, agregó el fiscal.
El fiscal argumentó que aún falta evacuar aspectos técnicos que requieren autorización judicial, como el vaciado telefónico que permitirá establecer conexiones entre los oficiales y agentes.
“Tenemos todo ese círculo de miembros de la Policía Nacional identificados, solo necesitamos establecer esas conexiones, si realmente hay una relación criminosa para ocultar algún dato en relación a este caso”, expresó.
“Debemos ahondar en lo que ha vertido esta persona (Pozo), así lo ha hecho en la declaración de imputado, eso debe de corroborarse con otro tipo de gestión administrativa”, expresó.
Una de las diligencias que evacuará la Fiscalía será tomarle una declaración a Pozo para que brinde mayores detalles de los implicados.
Han transcurrido más de diez meses desde que el exagente Pozo ofreciera su declaración sobre la vinculación de los dos oficiales de la DNIC, pese a ello, el caso se mantiene impune.
