Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibió una iniciativa de ley orientada a fortalecer la seguridad de las personas que brindan testimonio en investigaciones penales de alta peligrosidad.
La propuesta plantea la creación de una fuerza militar especializada dentro de las Fuerzas Armadas para garantizar la integridad física de los testigos colaboradores en expedientes de jurisdicción nacional.
El proyecto surge como respuesta a las debilidades institucionales detectadas en el sistema de justicia tras hechos violentos recientes en los que perdieron la vida personas vinculadas a investigaciones de impacto social.
La iniciativa busca evitar que la desconfianza desmotive a la ciudadanía a colaborar con el Ministerio Público en la resolución de delitos graves.
"Es una ley en la cual propongo la creación de una unidad militar especializada de alto nivel para poderle dar protección a los testigos protegidos, única y exclusivamente a testigos de alto impacto, testigos que tengan que ver con casos de jurisdicción nacional", expresó Alex Berríos, diputado proyectista.
La propuesta legislativa detalla la estructura organizativa de la nueva entidad, la cual estaría encabezada por un oficial de alto rango del escalafón militar para asegurar la efectividad de sus operaciones.
Asimismo, el proyecto prevé la asignación de recursos financieros permanentes para el sostenimiento de sus actividades operativas y logísticas.
"He propuesto que su director sea un alto oficial del grado superior que tenga el equivalente a la promoción del jefe del Estado Mayor Conjunto, ya sea un general o alguien en su equivalente a su promoción", manifestó el congresista.
Para el financiamiento del organismo, la iniciativa establece que se destine un porcentaje específico de los fondos de la Tasa de Seguridad. "Se le está asignando un presupuesto, estoy proponiendo que se le dé mínimo el 5% de la Tasa de Seguridad a esta unidad especializada", indicó el diputado liberal.
Durante la exposición del proyecto se hizo referencia a hechos recientes que evidenciaron la vulnerabilidad de los programas actuales de protección.
En ese marco, se argumentó que los delitos complejos requieren de un blindaje de seguridad diferenciado para evitar que los expedientes judiciales se paralicen por temor a represalias.
"Tenemos que darle una protección a los testigos porque esto viene a contribuir en la solidez del sistema penal porque, sin testigos, al menos en materia penal, muy difícil vamos a tener condenas", afirmó Berríos.
