El informe emitido por la Comisión Especial del Congreso Nacional, que se encargó de evaluar a los operadores de seguridad y justicia, resultó encubridor con relación al marco operacional de todos los responsables de la política de seguridad del Estado.
Según el analistas Raúl Pineda, el informe y sus recomendaciones no ataca la génesis de problema, que es el tema de la seguridad, cuyo responsable es el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, según la Constitución de la República, y a su vez las personas a las que él ha delegado la obligación de proteger a la población de la violencia y la criminalidad.
El informe da recomendaciones extremas al sugerir la separaciones del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, y su adjunto Mario Chinchilla, así como la destitución del número uno del Ministerio Público, Luis Rubí, y de su segundo al mando, Roy Urtecho. Esto debido a lo que la Comisión Especial considera como fracasos en la depuración policial y en el proceso de combate a la delictividad a través de la acción acusadora del MP.
Blando accionar
A pesar de que el país enfrenta una de sus peores crisis en materia de seguridad, al haber cerrado el año 2012 con una tasa de homicidios de 85.5 y haberla reducido apenas un punto en comparación con 2011, cuando la tasa cerró en 86.5, la Comisión Especial del CN no sugirió dar mayores acciones con respecto a la Policía Nacional.
Para Pineda se trata de una “frustración más”, el intento de los congresistas de darle solución al problema de la inseguridad, que ha rebasado la operatividad del Estado sobre la materia.
El informe se limita a recomendar al nuevo titular de la Secretaría Seguridad (Arturo Corrales) que presente un reporte ante el pleno del Congreso Nacional en el término de 60 días después de asumir su cargo, sobre los avances y la aplicación de las recomendaciones y observaciones hechas en este informe relativos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y sobre la Dirección General de la Policía Nacional.
Sin embargo, la única observación que hace ese grupo de trabajo es que “se ordene de forma inmediata por conducto de quien corresponda que se sometan a pruebas de confianza de forma integral el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por su director general, directores nacionales y Directorio Estratégico”.
Aunque reconoce que los resultados de la Secretaría de Seguridad “son deficientes, escasos y reflejan la crisis profunda en el sistema de seguridad, motivados entre otras causas por la falta de coordinación interna de los órganos que conforman esta Secretaría, por los conflictos internos entre los miembros que la integran y que producen alteración de las líneas de mando, afectando con ello la operatividad para combatir con efectividad la delincuencia”, la Comisión del Congreso Nacional no propone soluciones a estos conflictos.
No tocan la Policía
En ese sentido, el analista Raúl Pineda ahondó en que no se supo dimensionar el problema; primero, dijo, la política criminal la crea el Congreso Nacional a través del Código Penal y las demás leyes, la política de seguridad la maneja el Poder Ejecutivo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 245 de la Constitución, o sea que el presidente de la República es el responsable de la seguridad interna.
Consecuentemente, Pineda Alvarado piensa que quien debió haber comparecido ante el Congreso es el presidente de la República. Se escucharon los informes del fracaso de la policía, pero en el informe de la Comisión Especial no se toca a la Policía, que desde el inicio del debate es la génesis del problema de inseguridad en Honduras.
Si no se toca a la policía, el problema se mantiene, de tal forma que lo que hubo allí fue una acción de naturaleza política sesgada, agregó el analista.
Lo que han hecho es meterle la mano al Ministerio Público, que no es la fuente generadora de inseguridad en Honduras, porque los jueces y los fiscales no forman parte del sistema de seguridad sino del sistema de justicia penal, ellos tienen como obligación la administración de la justicia.
La seguridad es un problema que le compete a la Policía y a las Fuerzas Armadas, acotó.
Pineda Alvarado estima que en este proceso de rendición de cuentas se desvió el tema de la seguridad, por lo que se constituyó como una frustración más para el pueblo hondureño.
Por otra parte, el analista retó a un debate a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, que lo culpa de ser el artífice de haber separado la Dirección de Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público y pasarla a la Policía, pues en aquel momento fungía como asesor del Congreso Nacional.
Indicó que esa medida la hizo el Congreso Nacional por decisión del presidente liberal Carlos Flores y había que hacerlo porque se estaba en las proximidades de un enfrentamiento entre la Policía y los agentes de la DIC.
Las preguntas
¿Por qué la DNIC solo tiene capacidad para remitir al MP el 20 por ciento de los casos?
¿Por qué los centros penales no han dejado de ser una bomba de tiempo?
¿Por qué siguen ingresando armas, drogas y celulares?
¿Por qué la Secretaría de Seguridad no ha logrado que las empresas bloqueen los celulares en los centros penales?
¿Por qué no se ha logrado detener el delito del secuestro?
¿Por qué la Secretaría de Seguridad se dejó burlar de los policías que no fueron notificados al presentar incapacidades médicas?
¿Por qué el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, hizo ascensos a oficiales de la Policía que fueron aplazados en las pruebas de confianza?
