Por carecer de transparencia, un grupo de abogados impugnará el multimillonario alquiler de lanchas
para el combate a la narcoactividad.
El gobierno y el Congreso Nacional aprobaron un mecanismo de contratación directa para la adquisición de dos corbetas y seis lanchas interceptoras de alta velocidad. Para el arrendamiento, el Estado pagará 62 millones de dólares (unos 1,200 millones de lempiras) en los próximos 13 años, a través de la empresa Servicios Marítimos Internacionales Sociedad Anónima de Capital Variable, recién creada en mayo del año en curso.
La escueta información proporcionada por el gobierno y el propio Congreso Nacional sobre la millonaria contratación motivará la impugnación que se presentará en estrados judiciales. Se está a la espera de que el decreto que aprueba el alquiler sea publicado en el diario oficial La Gaceta, para interponer las acciones a que haya a lugar y otorga la ley, expresó el coordinador de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, Rafael Virgilio Padilla. La demanda se interpondría en el Centro de Justicia Civil, para que se anule el contrato.
Al consultarle qué tipo de acción interpondrían contestó que “el recurso de nulidad, que puede interponer cualquier ciudadano”. Se acudirá ante la instancia civil porque se trata de una operación entre una entidad holandesa y el gobierno. “Nos preocupa que el contrato cumpla todos los requisitos de legalidad que exigen nuestras leyes”, expresó.
Argumentos
Padilla expone varias razones cómo validar una acción judicial. “Creemos que es un contrasentido sacar a la prensa del hemiciclo para que todo el pueblo hondureño no conozca de las interioridades del contrato, alegando motivos de seguridad, pero el contrato siempre tiene que ser publicado en La Gaceta”, indicó.
O sea que el argumento que no se puede revelar interioridades por razones de seguridad “es falso” porque el contrato tiene que ser publicado en La Gaceta para que tenga fuerza de ley.
Se analizará el contenido de la ley y se olfateará cualquier situación que se considere irregular para sustentar una demanda. “Lo que más nos sorprende es el costo de las lanchas, en realidad nos cuesta creer que una unidad únicamente cueste siete millones de dólares”, apuntó. La Barra de Abogados buscará mayor información por el derroche de dinero.
Otro argumento que expone es que se autorice el arrendamiento a través de una empresa intermediaria.
“Lo de la empresa intermediaria es una irregularidad, el Código de Comercio bien establece cuáles son los requisitos para que una empresa extranjera pueda operar en Honduras, vemos la creación de esta compañía como algo irregular y debe ser explicado a la opinión pública”, denunció Padilla.
“Estamos extrañados del costo de la operación, en un país donde hay tanta necesidad y pobreza”, señaló Padilla.
